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    Guatemala, miércoles 25 de mayo de 2011

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    OPINIÓN

    El agujero negro del asfalto

    Dina Fernández

    Buena parte de la corrupción gira en torno a la obra pública.

    “¿Cuánto vale un kilómetro de carretera?”, ha preguntado con suspicacia la diputada Nineth Montenegro, luego de constatar que gracias a la declaratoria de Estado de Calamidad, por la tormenta Agatha, en nuestro país se construyeron varias carreteras, valoradas en distintos precios. Hay carreteras donde el kilómetro de construcción costó más de Q6 millones y hay otras donde se pagó mucho menos.
    ¿Hubo sobrevaloraciones?, ¿se ha esquilmado, otra vez, a los contribuyentes?, ¿es correcto que hayan cobrado Q106.7 millones por 17.5 kilómetros de carretera en la población costera de Las Lisas, en Santa Rosa?, ¿o nos estarán viendo la cara de babosos?

    Es una excelente noticia que la diputada Montenegro haya puesto el dedo en los contratos de asfalto y dragado, que con la excusa de la tormenta Agatha sumaron más de Q6.157 millardos. Ojalá la legisladora apriete, presione y empuje hasta poner de cabeza al Ministerio de Comunicaciones, los Fondos Sociales, las Secretarías y Municipalidades.
    El Presupuesto General de la Nación está cundido de agujeros por donde los recursos del erario público se escurren, enriqueciendo a quien no deben, en lugar de servir a los más necesitados. En ese colador de dinero, las licitaciones de obra pública ocupan un lugar preponderante pues absorben enormes cantidades de liquidez, con poca o ninguna supervisión.

    Ante las denuncias de la diputada, el viceministro administrativo del Micivi, Otto Ordóñez, respondió que no podía existir un precio estándar por kilómetro de carretera, pues cada obra difiere en condiciones topográficas y requerimientos de tráfico. De esa cuenta, la variabilidad en las especificaciones de los caminos explicaría la de los presupuestos: no es lo mismo construir una autopista de cuatro carriles al puerto de San José que una carretera sinuosa en los Cuchumatanes.
    El argumento del funcionario tiene una lógica que cualquiera que haya levantado una pared puede comprender. Todos sabemos que en el sector vivienda también existen diferentes precios por metro cuadrado de construcción y que pecaríamos de necios si pretendiéramos equiparar los costos de un apartamento en la periferia de la ciudad con los de una mansión en La Cañada.

    Ahora bien, eso no significa que sea imposible establecer una tabla de referencia para los precios de construcción de las carreteras y que esta deba contar con el aval de un ente independiente. Hacerla como ahora, con un guiño complaciente entre los funcionarios del Micivi y los constructores que se reparten el presupuesto, es como poner al perro a cuidar las salchichas.
    En otras partes del mundo se han afianzado modelos exitosos de alianzas público-privadas para la construcción del sistema vial. Y no hay que ir a Suiza o a Japón a buscarlos: no muy lejos de aquí, los peruanos han creado instituciones y mecanismos de control que les han permitido multiplicar los caminos de buena calidad en su territorio, haciendo un uso eficiente de los recursos.

    Eso sí, el cambio no ocurre agitando una varita mágica. Se requiere del compromiso de la clase política, los servidores públicos y los contratistas del Estado para apostarle a la calidad y la transparencia en la construcción de infraestructura.
    El problema en Guatemala es que de un tiempo a esta parte, el único acuerdo posible entre las elites del país ha sido el de reparto de los negocios públicos. La mayor parte de conflictos que vemos transformados en noticias, así como gran cantidad de las estocadas furiosas contra algunos funcionarios o las “desinteresadas” filtraciones a la prensa, se originan en ese tipo de conflictos: pinches disputas por contratos estatales o control de presupuestos.
    Es muy bueno que Nineth Montenegro decida fiscalizar la asignación de obra pública, especialmente la laxitud del Estado de Calamidad. El presupuesto del país está al borde del colapso y necesitamos tomar medidas urgentes para corregir el rumbo.

    Una de estas medidas es limpiar los procesos que usa el Estado para contratar infraestructura. En ese renglón, hemos llegado al colmo de la rapiña y la ineptitud. No podemos seguir pagando carreteras que se destrozan a la primera lluvia. No podemos seguir repartiendo contratos entre aprendices y compadres, en detrimento de los profesionales. Y no podemos seguir sosteniendo un modelo podrido de sobreprecios. Ese modelo se devoró a sí mismo, ¡se agotó! a puras mordidas.

    Vea www.dinafernandez.com.

    Dina Fernández

    24 mayo 2011

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