Jose Rubén Zamora
A nadie escapa que el crimen organizado ha infiltrado y controlado el Estado, desde los tiempos de Lucas García hasta nuestros días.
Jose Rubén Zamora
A nadie escapa que el crimen organizado ha infiltrado y controlado el Estado, desde los tiempos de Lucas García hasta nuestros días. Al extremo que, por norma, el nombramiento del General, ungido como flamante Ministro de la Defensa de cada nuevo Gobierno, ha sido producto del sabio consejo, siempre al oído, del siniestro y sofisticado general Ortega, al Presidente electo de turno.
Álvaro Colom no fue la excepción: Ortega utilizó a Charly Quintanilla, policía de barrio y millonario albañil del crimen organizado, como títere y operador político para copar la cúpula militar, Gobernación, la SAE, SAAS, Migración, puertos, aeropuertos y aduanas, entre otras posiciones clave para el éxito del contrabando convencional, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos, el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero.
Por denunciar esa repugnante realidad, a principios de agosto de 2008 fue asesinado salvajemente el general Mauro Jacinto (Gerónimo), quien me ayudó a entender, meses antes, a lo largo de tres maratónicas reuniones, la lógica y los entretelones de los nombramientos de la maquinaria delincuencial. Esa información la publiqué con todos sus detalles. Cinco días después del atroz asesinato de Gerónimo, que sigue bajo el manto del misterio y la impunidad, sufrí un intento de asesinato disfrazado de secuestro, que me llevó a realizar una larga siesta de más de 20 horas, al lado de su majestad la muerte, en El Tejar, Chimaltenango.
Gerónimo me explicó –con testigos que siguen vivos– que entre la primera y segunda vuelta electoral, el entonces candidato Colom recibió más de Q16 millones de los capos locales (Juancho León, los Mendoza y los Lorenzana), por medio de Quintanilla; y más de Q20 millones de los Zetas, a través Obdulio Solórzano, quien, por cierto, era yerno de facto del Loco Turcios, capturado en Belice por la DEA.
En tiempos de Portillo, el propio crimen organizado alcanzó por la vía electoral el Poder Ejecutivo y la mayoría del Congreso, y permeó los sótanos más profundos del Poder Judicial. En el Ejército, dejaron estratégicamente colocados a los oficiales que desde el 2004 hasta el 2020, paulatinamente han ido e irán ascendiendo a generales y formando el alto mando, la cúpula militar del momento. Los oficiales escogidos como eslabones de esa enorme cadena son conocidos con el nombre de Durmientes, quienes van “despertando” a su debido tiempo.
Fue así como, durante el gobierno de Berger, llegó al ministerio de la Defensa el general Francisco Bermúdez Amado, apadrinado por el todopoderoso Ortega.
Por cierto, Bermúdez Amado, quien de manera insólita fue el moderador del primer debate Presidencial en esta contienda electoral, es el oficial responsable del primer trasiego de armas del Ejército, que en su mayoría fueron a parar a manos del narcotráfico. Ese negocio lo realizó con el traficante internacional de armas “Monzer Al Kassar” (hoy tras las rejas en los Estados Unidos), junto a otros generales, que han sido del alto mando militar del actual Gobierno, y con Juan Carlos Leal, responsable de la SAAS en tiempos de Berger. Leal, ha trascendido, fue autor intelectual, junto a otras altas autoridades de seguridad del país, del robo de los US$8 millones del aeropuerto y sindicado, en estos tiempos de Colom, de desfalcar en varios millones al Ministerio de Gobernación, junto al exministro de esa cartera, Raúl Velásquez, por medio de la empresa Maskana.
Bermúdez privilegió con asensos a oficiales que gozan del beneplácito del lado oscuro de la fuerza armada, y cerró el escalafón a los honestos. Sustituido por el general Cecilio Leiva Rodríguez, durmiente que “despertó” para realizar el segundo trasiego de armas, de la mano del traficante “Monzer Al Kassar”, a través de la empresa Century Armas Inc.
En este segundo trasiego de armas, Leiva y su gente le tomaron el pelo al grupo militar de los Estados Unidos en Guatemala. Resulta que, con astucia, llevaron al Servicio de Material de Guerra un lote de armas del programa de ayuda denominado MAP, a través del cual Washington realizaba donaciones al Ejército durante la Guerra Fría. Esas armas no pueden ser vendidas a terceros países sin la autorización del Departamento de Estado Gringo. En el caso extremo que dichas armas, por obsolescencia, son destruidas, deben estar presentes miembros del grupo militar de la Embajada en Guatemala.
Pues bien, Leiva dio aviso al grupo militar de la Embajada que un lote de armas del programa MAP sería destruido, y pidió acompañamiento. Dicho grupo militar presenció el traslado de las armas, de los polvorines del Aceituno, en la Brigada Mariscal Zavala a cargo del general Juan José Guevara Castillo, hacia el Servicio de Material de Guerra, donde hipotéticamente serían destruidas. Los militares gringos confiaron en la palabra de Leiva y se retiraron luego del traslado, sin observar la destrucción.
Esa misma noche, un lote de armas salió en contenedores hacia el puerto Santo Tomás de Castilla. Coincidentemente, esa misma noche, de manera sospechosa, se extravió una gran cantidad de armas y municiones de los polvorines del Aceituno, en el Mariscal Zavala.
Con el tiempo, todas esas armas han aparecido en manos de narcotraficantes o narcoguerrilleros, tanto en México y Guatemala, como en Colombia. Por ejemplo, aparecieron en las Bodegas del Sur, en Amatitlán, en un tumbe de los policías a los Zetas. Otro lote fue recuperado en Playa Grande, también a los Zetas.
Esta avería de la alhaja de Leiva y su gente, fue informada al presidente Colom Caballeros y al ministro de la Defensa, García Franco. El propio García Franco le avisó a Colom que las agencias de seguridad estadounidenses habían detectado, mientras daban seguimiento al traficante internacional de armas “Monzer Al Kassar”, que las armas del MAP, que supuestamente serían destruidas, estaban almacenadas en las bodegas de este personaje siniestro. Esta información es parte de los documentos filtrados por Wikileaks.
A ninguno de estos exministros de Defensa delincuentes se les investigó, ni sufrieron persecución penal. A fin de cuentas, para su fortuna, viven en un reino de ladrones llamado Guatemala y son parte de La Banda.
Otro exministro de Defensa, Morán Macloni, ahijado y protegido desde su niñez por Ortega, pasó de jefe del Ejército a jefe de seguridad de Ortiz Chamalé. Mientras el general Carlos Adolfo Mansilla, subjefe de Estado Mayor de la Defensa con el ministro Abraham Valenzuela, trabajó para Walter Overdick y los Zetas en Alta Verapaz, donde su papel fue clave en reestructurar el “espacio operativo” a fin de desplazar a los Lorenzana y a los Mendoza de esa área.
Por eso no es extraño que Juan Ortiz López, alias Chamalé, haya llamado de emergencia, a la hora de su captura, al ministro Abraham Valenzuela, o que fracasaran cuatro intentos de captura de los Lorenzana, cuando el enlace y responsable de la inteligencia militar antinarcóticos era el propio hermano del ministro Valenzuela, otro durmiente ascendido a general en la época del ministro Francisco Bermúdez.
Los datos que aquí consigno son apenas la punta del iceberg, pero reflejan que en este país, donde proliferan los carteles, existe uno de exministros y altos militares, que tienen su propia Omertá –organización mafiosa de protección y silencio de raíces sicilianas– que les permite ser invisibles, inmunes e impunes. “Cosas veredes amigo Sancho”.
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