Es frustrante que la generalizada inseguridad siga siendo el problema nacional número uno para los guatemaltecos.
Es frustrante que la generalizada inseguridad siga siendo el problema nacional número uno para los guatemaltecos. Miles de personas en el área metropolitana han variado sus rutinas, se retraen de salir de sus casas en los momentos de ocio y circulan más bien con desconfianza por las calles de la ciudad ante la prevalencia de delincuentes y hechos de sangre.
Y semejante crisis se agudiza más cada día, a pesar de los esfuerzos de las autoridades. La creciente espiral de violencia se manifiesta incontrolable, mientras las fuerzas de seguridad son aún escasas. En Guatemala hay menos de 2 agentes por cada 1,000 habitantes, cuando los estándares internacionales requieren 8. Se estima que la Policía Nacional Civil (PNC) debería contar con 100 mil efectivos, para hacer frente con eficacia a la ola delictiva.
La inseguridad que se vive localmente en nuestros días es de tal magnitud que se ha convertido en una seria preocupación para los diversos sectores nacionales, entre ellos la actividad productiva, pues esta se ha visto en la urgente necesidad de canalizar importantes recursos humanos, tecnológicos y económicos, a efecto de garantizar el mantenimiento de sus labores, en medio de la acometida delincuencial.
Las fuerzas de seguridad del país no han logrado detener la creciente escalada delictiva, a pesar de que la función fundamental del Estado es la protección de la persona y de su familia, como lo ordenan sin ninguna excusa nuestras leyes fundamentales.
En Guatemala ni hay seguridad pública para la población, ni hay castigo para el delincuente. Es una vergüenza que se informe al mundo que “Guatemala es el país ideal para cometer un crimen, porque no se castiga a nadie”.
Las fuerzas de seguridad están siendo superadas por el crimen, sin lograr cumplir su obligada función de controlar la indeseable espiral de violencia que se abate sobre el país. El pueblo de Guatemala todavía sigue esperando que el gobierno del presidente Álvaro Colom le devuelva la seguridad pública perdida, en cumplimiento de los deberes insoslayables que le señala la Constitución Política de la República. La inseguridad está hundiendo a la nación en el caos.
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