Según el Banguat, al 31 de julio de 2011 la deuda pública interna de Guatemala se situó en Q42 millardos 169.3 millones...
Según el Banguat, al 31 de julio de 2011 la deuda pública interna de Guatemala se situó en Q42 millardos 169.3 millones, en tanto que, al 31 de diciembre de 2007, se situaba en Q24 millardos 191 millones, o sea que en 3 años y medio (período de funciones del presidente Álvaro Colom) aumentó Q17 millardos 978.3 millones, es decir un 74.3 por ciento.
Asimismo, de acuerdo con información del Banguat, la deuda pública externa de Guatemala, al 31 de julio de 2011, se situó en US$5 millardos 522.8 millones, en tanto que, al 31 de diciembre del 2007, se situaba en US$4 millardos 226 millones, o sea que en 3 años y medio aumentó US$1 millardo 296.8 millones, es decir un 30.7 por ciento.
Adicionalmente, se estima que la deuda pública flotante (no aprobada por el Congreso), conformada por obligaciones vencidas y pendientes de pago de corto plazo no registradas (por tanto ilegales) en el sector público, podría estarse situando en Q15 millardos. Esto eleva la deuda pública interna real a Q57 millardos, lo que se traduce en un incremento efectivo de 138 por ciento desde el 31 de diciembre del 2007.
La voracidad del Gobierno es tal que las significativas mejoras en recaudación tributaria se esfuman sin más. Por ello, el Gobierno sigue solicitando al Congreso la aprobación de deuda pública adicional (por US$375 millones, equivalentes a casi Q3 millardos) y postergando indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo.
Se estima que la deuda pública de Guatemala con respecto al PIB podría estar entre el 27 y el 30 por ciento, o sea que la misma ya se convirtió en una pesada carga para las finanzas públicas.
Ojalá que los dineros públicos se invirtieran en mejorar los servicios públicos (justicia, educación, seguridad, salud, infraestructura, etcétera). Empero, todos sabemos que el grueso de los recursos se está yendo en más burocracia, corrupción, clientelismo político y gastos electoreros del oficialismo. Lo anterior sin perjuicio de que más del 80 por ciento de los contratos de obra pública se han adjudicado sin licitación y la ejecución de gasto público vía fideicomisos y ONG (no fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas) se ha duplicado. ¡Qué tal!
No obstante, no hay más que aguantarnos, porque el actual régimen seguirá endeudándonos y despilfarrando hasta el final. ¡Vaya legado el de Colom!
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