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    Guatemala, jueves 01 de septiembre de 2011

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    OPINIÓN

    ¿Prevalece la Corte Centroamericana o la CC?

    Alexander Aizenstatd*

    Guatemala ha incumplido en el pasado las decisiones de esa Corte.

    La reciente demanda presentada ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) en contra del Estado en relación con la inscripción de la exprimera dama ha generado un nuevo interés en el derecho de la integración regional. Plantea la interrogante de si el tribunal regional puede anular las sentencias nacionales. La CCJ se ha pronunciado sobre el principio de supremacía del derecho comunitario desde hace más de una década. En Guatemala los tribunales han defendido la noción de supremacía constitucional. ¿Cuál prevalece? La respuesta depende si la pregunta se responde desde la óptica nacional o regional.

    Algunos han cuestionado la facultad del tribunal regional para decidir sobre temas previstos en nuestras leyes y señalan que esto es una afrenta a nuestra soberanía. Pero una integración es un compromiso de Estados que han decidido ceder parte de sus competencias nacionales. Nuestra Constitución lo permite en sus Artículos 150 y 171. Claro que esta delegación no es ilimitada, pero tampoco carece de contenido.

    Muchos ven en general al sistema de integración como un mecanismo de una clase política para obtener privilegios. Pero tenemos que reconocer que somos responsables de algunas debilidades del tribunal regional. Nos tardamos casi 20 años en aceptar su competencia y han pasado casi 4 sin que la Corte Suprema de Justicia haya designado a los magistrados que nos corresponden. Además, le hemos restado competencia para resolver asuntos de comercio regional y únicamente presentamos casos políticos. Para el tribunal regional también es complejo enfocarse en esos temas en que tendría que enfrentarse a todo el sistema nacional para hacer valer sus pronunciamientos. Si ponemos todo el peso político que implica un caso como este sobre esa institución, se estará contribuyendo a su debilitamiento. No olvidemos que sin tribunal no hay integración.

    Algunos consideran que la admisión de la demanda constituye un ataque a nuestro sistema constitucional. Pero tampoco puede descartarse el papel principal que ha tenido nuestro tribunal constitucional en impedir las condiciones que permitan un diálogo prudente. La Corte de Constitucionalidad ha anulado artículos de tratados comunitarios sin siquiera referirse a las decisiones de la CCJ sobre la materia. De ahí que no debe sorprendernos que el tribunal regional haya reaccionado en esa ocasión declarando que esa sentencia del tribunal constitucional era nula, sin que hasta ahora se haya resuelto finalmente el tema. Ese enfrentamiento no beneficia a los ciudadanos. Algunos opinan que parte de la normativa centroamericana debe de ser declarada inconstitucional. Sé que son bien intencionadas pero ante esa posibilidad pido reflexión. No debemos de adoptar soluciones a corto plazo que destruyan el sistema. Eso es incompatible con un esfuerzo responsable de integración. No puede subsistir una sociedad centroamericana donde cada socio decide cuáles reglas va a cumplir. La normativa centroamericana ya contempla suficientes motivos para declararla sin lugar, aunque no todos se hicieron valer en la contestación de la demanda.

    En conclusión, puede presumirse que si la CCJ decidiera declarar con lugar la demanda, no será cumplida en el ámbito nacional. Guatemala ha incumplido en el pasado y la mayoría de Estados han incumplido con fallos de ese tribunal. La parte demandante debe de saber esto y evitaría ese desgaste retirando la demanda. Pero la debilidad de la institución regional no debiera de ser objeto de celebración. No por ver el árbol vamos a perder de vista el bosque. Los beneficios de la integración son importantes y cada vez se vuelve más esencial adoptar medidas unificadas para competir en una economía globalizada. Son las únicas instituciones regionales a las cuales podemos acudir para definir estrategias de seguridad regional y combate al crimen organizado. Si en vez de ayudar al fortalecimiento de las instituciones comunitarias las destruimos, no tendremos a quién acudir más adelante para superar los problemas de la región.

    (*)Abogado guatemalteco con maestría en Yale; Profesor de Derecho en la Universidad Rafael Landívar y Universidad del Istmo. Autor y conferencista sobre derecho de la integración centroamericana. Visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador en el Instituto Max Planck de Derecho Internacional Público en Alemania. Miembro de la barra del Estado de Nueva York. Email: alexander@aizenstatd.com.

    Alexander Aizenstatd*

    31 agosto 2011

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