No hay ni un ministro, ni un magistrado indígena y menos de doce diputados.
“En esta ocasión logramos crear un partido maya que puede crecer en el futuro”, celebró la candidata presidencial Rigoberta Menchú en una entrevista reciente. Con eso se refirió a un punto importante que no se ha abordado mucho en las discusiones sobre las elecciones del próximo domingo: A pesar de encabezar una coalición de la izquierda, lo más destacado de la segunda candidatura presidencial de la Premio Nobel es el intento de movilizar los votantes mayas con un partido político propiamente maya por primera vez en la historia de Guatemala.
Pese a ser la mayoría de la población, los pueblos indígenas de Guatemala se ven afectados por enormes desigualdades políticas y socioeconómicas: No hay ni un Ministro indígena en el gobierno actual, ningún indígena entre los magistrados más altos del país, y poco más de una docena de diputados indígenas en el Congreso. Relacionado con eso van tasas de pobreza, analfabetismo y desnutrición desproporcional. Estas desigualdades profundas entre los diferentes grupos étnicos son típicas para la región de Latinoamérica desde la colonización. La situación no solo perjudica a los grupos afectados sino que es un obstáculo a la democracia en general. Las desigualdades socioeconómicas impiden una participación igualitaria en política, lo que consolida o agrava las desigualdades. La pregunta fundamental es: ¿Les ofrecen las instituciones democráticas los mismos beneficios y oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de su identidad étnica? Los datos mencionados arriba indican que en Guatemala no es así.
Si se analizan la candidatura de Rigoberta Menchú y la formación de un partido maya en este contexto, se podrían ver como una oportunidad nueva de corregir estos defectos democráticos. Los acontecimientos recientes en la región latinoamericana muestran que los grupos étnicos históricamente marginalizados que se unen luchando por sus propios intereses pueden mejorar su situación. La elección del primer presidente indígena en Bolivia es el caso más destacado. Pero la presión de movimientos sociales y electorales también impulsó cambios significativos –incluyendo sistemas de autonomía local– en otros países como Ecuador, Colombia o Panamá. Sin embargo, las perspectivas en Guatemala son diferentes. Que Rigoberta Menchú no iba a triunfar como candidata presidencial pareció evidente. Pero más allá de su candidatura individual el efecto del proyecto Winaq está en peligro por la falta de apoyo popular. En los casos de Bolivia y Ecuador fue decisiva la conexión entre proyectos electorales y las organizaciones de base (por ejemplo los sindicatos cocaleros en Bolivia).
Por el contrario, al partido Winaq le falta este fundamento social. Los sectores indígenas de base se han mostrado reacios a una alianza con el partido o la candidatura de Rigoberta Menchú por diferentes razones, ya sea por divisiones internas, oposición general a la política electoral y/o aversiones personales. Y sin un movimiento unido no será posible contrarrestar la superioridad económica de los partidos tradicionales.
Entonces por el momento, el proyecto Winaq no podrá repetir los logros políticos de sus equivalentes sudamericanos. Para lograr su objetivo de disminuir las desigualdades étnicas en Guatemala tendrá que formar una amplia coalición social en el futuro. Para el país la participación igualitaria de los pueblos indígenas en política implicaría una mejora de la democracia.
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