La reciente campaña electoral evidenció que la existencia de abortos inducidos, la diversidad sexual, los métodos anticonceptivos y la educación sexual siguen siendo temas tabúes e “incómodos”. En los pocos espacios en los que fueron abordados, prevalecieron estereotipos y prejuicios. Evitar la discusión informada sobre estos temas implica no solo olvidar que conciernen a derechos humanos, sino también ignorar la realidad cotidiana que viven las personas en este país y que requiere la atención inmediata del Estado y la sociedad.
Significa, por ejemplo, soslayar que el 77 por ciento de mujeres embarazadas con VIH del país no tienen acceso a tratamientos antirretrovirales, y que cada 15 minutos una niña guatemalteca entre los 10 y los 18 años da a luz. La mayoría de estos casos son producto de la violencia sexual o de factores como la falta de acceso a programas de educación sexual o a la persistencia de patrones sociales y culturales machistas.
Las mujeres y niñas tienen derecho a recibir información y educación sexual, a alcanzar el más alto grado de desarrollo y a gozar de la libre autonomía sobre su cuerpo, sin verse sujetas a coerción, discriminación o violencia; sino, al contrario, a tener protegidos por ley y en la práctica sus derechos.
Eludir estas discusiones equivale también a cerrar los ojos ante las muertes maternas: en los primeros 6 meses del año, 138 mujeres murieron por causas prevenibles. La situación es más grave para las mujeres indígenas, quienes enfrentan una tasa de mortalidad materna hasta tres veces mayor. Las complicaciones asociadas al aborto inducido continúan siendo una de las principales causas de mortalidad materna. Esta situación sería prevenible si el Estado garantizara acceso a servicios de información, educación y tratamiento integral, en particular en los casos de violación sexual y de urgencia médica.
Evitar hablar de derechos sexuales y reproductivos implica negar que toda persona tiene derecho a ejercer y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género. No obstante, en Guatemala las personas lesbianas, gay, bisexuales o transgénero son víctimas de diversas formas de discriminación que llegan incluso a traducirse en asesinatos, agresiones, amenazas e intimidaciones, simplemente porque su orientación es distinta a las costumbres sexuales mayoritarias. Esto le ha faltado a Guatemala a lo largo de la campaña electoral: un debate que desafíe a respetar los derechos y libertades inherentes a toda persona. Y que los derechos humanos son los mismos para todas las personas.
(*) Contribución conjunta de: Alberto Brunori; ONU-Derechos Humanos; Rita Cassisi, ONU-Mujeres; José Enrique Zelaya B., ONUSIDA; Leonor Calderón A., UNFPA y Adriano González-Regueral, UNICEF.
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