Es momento de frenar la especulación. Las encuestas de diferentes firmas, financiadas y divulgadas por buena parte de los medios de prensa del país, simplemente fallaron. No fueron capaces de acertar más allá del orden en que quedarían los principales contendientes en la primera vuelta electoral. Su falla más notoria consiste en haber atribuido a Otto Pérez Molina una intención de voto superior a la obtenida.
Es importante estudiar dónde estuvo el error. Si puede atribuirse a fenómenos como la dificultad de medir el comportamiento del voto pro UNE ante la ausencia de un candidato a la Presidencia propio o si la irrupción del expresidente Alfonso Portillo en los últimos días de la campaña, cuando ya había concluido el trabajo de campo de todas las encuestadoras, resultaron determinantes. Incluso hay que contrastar el comportamiento del voto rural y urbano para revisar si el diseño de la muestra fue el apropiado. Pero es insensato atribuir la variación entre el resultado final y las encuestas a irregularidades en el proceso de transmisión de los datos del recuento de votos. Eso es infantil, poco profesional e irresponsable.
Del mismo modo, es fácil entender que al Partido Patriota le haya sentado muy mal el resultado de la elección de hace ocho días. Su expectativa de ganar en primera vuelta o quedar muy cerca de lograrlo, no llegó a cumplirse ni por asomo.
Pero en lugar de dar el resultado por bueno y admitir que sobreestimó el rendimiento de su maquinaria electoral y que su red de fiscales estuvo por debajo de las expectativas y falló a la hora de defender sus votos, prefiere resaltar la existencia de irregularidades en el proceso. Se aferra a la idea de que hubo anomalías que afectaron su resultado final. Eso es poco serio.
Ahora resulta que, de súbito, el Tribunal Supremo Electoral, que hace solo dos semanas era sospechoso de favorecer al Partido Patriota, se ha convertido en un potencial aliado del oficialismo al punto de permitir un escamoteo de votos a gran escala en contra de Pérez Molina.
Sin duda el Tribunal Supremo Electoral mostró falta de agilidad a la hora de comunicar los resultados entre el domingo 11 y el lunes 12 de septiembre. La lentitud tanto en la verificación de los datos de las juntas receptoras de votos y la consignación de las actas ya verificadas en su página web dio lugar a confusiones. Pero el país está lejos, muy lejos, de haber vivido un fraude.
Los partidos políticos no pueden, sin parecer muy ineptos para cuidar sus votos o muy desconocedores del proceso, acusar a las autoridades de actuar en su contra.
Lo razonable es documentar aquellos casos en los cuales tengan sospechas de anomalías y presentar su impugnación parcial. Pero en cada impugnación tendrán que responderse a sí mismos por qué sus sistemas de control fueron incapaces de impedir estos errores o abusos.
Y los encuestadores están obligados a revisar sus métodos. A unos y a los otros se les pasó por alto la existencia de un poderoso voto oficialista. Ese es un error de bulto, que no se puede ocultar debajo de una capa de maquillaje.
Este espacio es para promover el diálogo, compartir, discutir y argumentar sobre el artículo publicado, únicamente.
Se prohíben mensajes que contengan:
Nos reservamos el derecho de editar o eliminar cualquier mensaje que no cumpla con las condiciones anteriores. Y de ser necesario bloquear a usuarios.
Al participar, acepta las reglas y el aviso legal.
26 comentarios: