Se acentúan problemas generados por explotación minera

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Aunque pobladores de Huehuetenango y San Marcos se oponen a las actividades mineras en el departamento, las autoridades gubernamentales justifican el otorgamiento de licencias.
Entidades aglutinadas en el Consejo de Pueblos de Occidente esperan que la Corte de Constitucionalidad (CC) en definitiva dicte un fallo en favor de las consultas comunitarias en torno al tema, expresa Ana Martín, vecina de la etnia mam.
Desde el 25 de julio de 2006, diversas organizaciones comenzaron un movimiento para proteger sus recursos naturales denominado “Defensa del Territorio”, e identificaron como amenazas las licencias mineras de exploración y explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a empresas nacionales y extranjeras así como los megaproyectos e hidroeléctricas.

Colotenango, San Juan Atitlán, Todos Santos Cuchumatán, Santiago Chimaltenango y Concepción Huista, Huehuetenango, fueron los primeros en organizar consultas comunitarias. Sus pobladores aseguran que los fundamentos legales para efectuar estas actividades descansan en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo OIT, la Constitución, el Código Municipal y leyes como la descentralización.
A la fecha suman 28 consultas comunitarias en Huehuetenango con una participación de 373 mil 980 pobladores, quienes han dicho no a estas actividades impulsadas desde las administraciones de Álvaro Arzú hasta la de Álvaro Colom.

Unos cuantos

El viceministro de Minería e Hidrocarburos, Ricardo
Pennington cree que la minería ofrece desarrollo y que ninguna otra empresa podrá sacar a las comunidades del subdesarrollo en el que se encuentran. Asegura que las consultas en rechazo a esta actividad han sido promovidas “por unos cuantos que actúan por desconocimiento o mala intención y dirigen a los pobladores de las comunidades para que se manifiesten de forma negativa”.

El funcionario informa que esa cartera ha autorizado para Huehuetenango 26 licencias de explotación de minerales y 16 de exploración, las cuales por ley tienen una vigencia de 25 años con posibilidades de una prórroga por otros 25 años.
Agrega que la minería moderna realiza actividades con las más estrictas normas de protección del medio ambiental y sus estudios de impacto ambiental son revisados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que vela por la protección de los recursos naturales. “Nos preocupa que las comunidades solo reciban información alejada de la verdad porque las compañías destinan fuertes cantidades de dinero para reforestación y preservación de los recursos naturales”, asegura  Pennington.

Mujeres, presentes

Lolita Chávez del Movimiento Quiché enfatiza la participación de la mujer en estas acciones. “Una clara muestra del interés por mantenerse en pie de lucha se ha reflejado en el 54.9 por ciento de participación en las consultas contra un 44.1 por ciento de presencia de hombres en las votaciones a mano alzada que se han realizado en los 28 municipios donde se ejecutan estos proyectos”, dice.

Francisco Mateo Morales, de la Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango, asegura que el movimiento se ha fortalecido, de esa cuenta se han realizado procesos de consulta en departamentos como San Marcos, Quetzaltenango y Quiché con los cuales se ha podido llevar a cabo consultas comunitarias, que suman 58 procesos a nivel de occidente con la participación de más de un millón 500 mil guatemaltecos.
Los grupos tratan que el gobierno de Colom ponga en vigencia un reglamento creado por medio de un acuerdo gubernativo que busca “regular” las consultas y que según su análisis beneficiará a las empresas que buscan explotar los recursos naturales en el país.

Apunta que en el Consejo de Pueblos de Occidente que aglutina diversas organizaciones sociales y campesinas en defensa del territorio se ha encontrado apoyo con asesores para rechazar el reglamento, razón por la cual, incluso se han realizado bloqueos de carreteras, ocupación de edificios públicos y sobre todo se mantiene un proceso de negociación con los campesinos para evitar que termine en un estallido social. “El mensaje es claro: el territorio no se vende ni se negocia, se ha dicho no a la minería y se va a defender a toda costa”, puntualiza Mateo.

Se intentó contactar por la vía telefónica a Napoleón Rodríguez,  asesor técnico de la Cooperativa de Producción Juventud Minera en la aldea El Torlón, Chiantla, pero no respondió a las llamadas.  Se trata de una mina artesanal de plomo y zinc.

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