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    Guatemala, sábado 29 de octubre de 2011

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    OPINIÓN

    Ataque a la libertad de expresión en Panajachel

    elEditorial

    Lucía Escobar es periodista, radicada en Panajachel, Sololá.

    Lucía Escobar es periodista, radicada en Panajachel, Sololá. Es columnista de la página penúltima de elPeriódico y es la conductora y directora de Radio Ati. En su columna del miércoles 19 de octubre, Lucía denunció lo que ocurre en aquel municipio. Desde que se creó la Comisión de Seguridad de Panajachel se han producido más de 30 denuncias de abusos en su contra. Protegidos por sus capuchas y por la omisión de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público y con el notorio apoyo del alcalde Gerardo Higueros, los miembros de la Comisión son señalados de perseguir ilegalmente a distintas personas y de desarrollar limpieza social. Esto es, asesinatos de personas sospechosas de delinquir.

    elPeriódico, que había cubierto ya esta información anteriormente, respondió a la nueva columna de Lucía Escobar con un reportaje que corrobora su denuncia. Ese reportaje fue publicado el domingo 23 de octubre.
    En represalia, el sistema de cable de Panajachel, cuya propiedad se atribuye al alcalde Higueros, ha transmitido el jueves 27 de octubre información que denigra a la periodista Escobar. En un intento claro de descalificarla, estigmatizarla y finalmente, impedir su libertad de expresión, se le atribuyen delitos de manera festinada.

    elPeriódico entiende perfectamente que este es un esfuerzo de Higueros y de los encapuchados de Panajachel de acallar las denuncias en contra de sus crímenes y le anuncia con toda claridad a esas autoridades que, lejos de silenciar los hechos, profundizará en sus investigaciones. No vamos a permanecer en silencio mientras el derecho de Lucía Escobar a informarnos a todos y el de los guatemaltecos en general a ser informados, intente ser vulnerado.
    A las autoridades nacionales, encabezadas por el Ministerio de Gobernación, que han guardado un silencio inescrupuloso en torno a las denuncias de limpieza social en Sololá, elPeriódico les exige que cumplan con su obligación. Esta no es otra que garantizar las libertades en el país. El Ministerio Público, que actúa con indolencia en este caso, tiene la responsabilidad de investigar  y procesar a quienes delinquen. El Procurador de Derechos Humanos está llamado a pronunciarse.

    Los guatemaltecos no tenemos que callar ante los criminales.

    elEditorial

    28 octubre 2011

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