"La pregunta es si el Estado puede recuperar el monopolio de la fuerza”

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En 2010 hubo 33 linchamientos. Este año ya van 43. ¿Cómo explicarlo?

– La violencia de las turbas no parece estar correlacionada con la homicida, ya que 2011 ha sido menos violento que los dos años precedentes. Y donde hay altos niveles de una, se encuentran bajos los de la otra. Así, el 49 por ciento de las víctimas fatales por linchamiento este año, ocurrieron en 10 municipios de Huehuetenango, todos en la frontera con México, alejados de la capital y, por tanto, del Estado como ley y como burocracia.

¿Podemos profundizar en eso?

– Claro. En Huehuetenango, Nentón –3 casos– es uno de los 20 municipios más abandonados del país, según el Índice de Densidad del Estado elaborado por el PNUD en 2010.  Barillas –4 víctimas– se encuentra entre los 90 más desatendidos. Solo La Democracia –3 fallecidos– y Santa Bárbara –1– no padecen de tanta ausencia estatal. En ambos sitios pudo darse un proceso de difusión o imitación de la violencia colectiva en forma de linchamientos. Es de decir: una vez se dan las condiciones para que estos hechos sangrientos ocurran, tal cosa puede replicarse con mayor facilidad en lugares vecinos.

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACDH) afirma que la cifra de víctimas de linchamiento es de 234. ¿Por qué discrepan?

– La OACDH habla de víctimas de las turbas en general, es decir, heridos y fallecidos. Sin embargo, la definición de linchamiento comúnmente aceptada es “la ejecución extrajudicial de un supuesto delincuente a manos de una turba”. A septiembre 2011, la PDH reportaba 131 casos de formación de turbas, con un saldo de 42 muertos y 183 heridos, así que hace más de un mes había un total de 225 víctimas. El problema con las cifras de la PDH es que se basan en su archivo hemerográfico y no en el reporte oficial de la PNC.

¿Puede hacerse una correlación entre linchamientos y presencia de Comités de Seguridad Local?

– Aunque no cuento con el listado de los municipios del país donde hay Comités de Seguridad, sí puede deducirse que donde se han establecido, existen dos ingredientes necesarios para los linchamientos: percepción de inseguridad y suficiente capital social para superar el problema de acción colectiva, lo cual facilita que las personas dediquen tiempo y esfuerzo para patrullar.

En San Juan Sacatepéquez, donde operan estos comités, se registran cinco linchamientos en 2011, y en Panajachel sigue sin conocerse el paradero de Luis Gilberto Senté Senté.

Hablemos del caso de Panajachel. El año pasado no hubo ni un solo homicidio y únicamente se registra una muerte por linchamiento en los once años anteriores. Yo diría que el “vigilantismo” podría estar relacionado con los linchamientos, sobre todo porque intenta llenar el vacío del Estado, aunque no sea la misma cosa. En San Juan Sacatepéquez sí ha habido violencia homicida, pero con tendencia a la baja: de una tasa de 44 por 100 mil habitantes en 2009, se descendió a una de 30 el año pasado, lo cual es una mejoría del 32 por ciento. Nada despreciable.

Los miembros de la Comisión de Seguridad de Panajachel aseguran que gracias a ellos la ciudad es más segura. ¿Qué opina de ello?

– En 2009, la tasa de homicidios fue de 19 por 100 mil habitantes, por 3 personas asesinadas. Es decir, 27 puntos por debajo de la tasa nacional, lo que significa que es un municipio poco violento. Esta se redujo, como ya he dicho, a cero  en 2010.

¿Cuánto puede incidir en el ánimo de una turba un sentimiento religioso exacerbado?

– Puede ser determinante. El fanatismo religioso hace que la gente sienta los supuestos agravios como algo que merece el castigo divino, y se toma dicha atribución. Recordemos la famosa cacería de brujas en Salem, Massachusetts, a finales del siglo XVII, y en Europa, especialmente Alemania, donde durante más de un siglo, de 1561 a 1670, se estima que fueron quemadas unas 70 mil mujeres sin el “debido proceso” y otras 30 mil a partir de juicios guiados por el celo religioso.

Hablamos de que en esos casos, la religión cohesiona y da identidad…

– Pero además se convierte en capital social negativo y fácil de movilizar cuando se trata de atacar a los otros que no pertenecen a mi tribu, a mi iglesia o simplemente no comparten mi credo. Por eso vale la pena insistir en lo que (Steven) Pinker dice: “Si eliminas la superstición, suprimes las semillas para la violencia”, lo cual sale de lo que ya había señalado Voltaire: “Aquellos que consigan que creas en lo absurdo, pueden conseguir que cometas atrocidades”.

¿Qué hay de emplear la amenaza de linchamiento como una estrategia con trasfondo político? El martes 8, el alcalde de Masagua aseguró que una turba iba a lincharlo incitada por la alcaldesa electa, lo cual ella negó.

– Se aprovechan las identidades partidarias, temporalmente fortalecidas por el proceso electoral. El agravio puede ser un supuesto fraude o la malversación de fondos públicos, por ejemplo. Aunque la mayoría de casos no son políticos, parecen ser contra supuestos delincuentes que acechan a las comunidades.

¿Hay diferencia entre linchamientos y limpieza social?

– Sí. La limpieza social se entiende como un acto privado, clandestino; el linchamiento es público, a la luz del día. Ambos son ejecuciones extrajudiciales contra supuestos delincuentes, pero en el caso de los linchamientos quiere dejarse claro el precedente y se involucra a gran parte de la comunidad en un “castigo ejemplar”. En la limpieza social se activan “escuadrones de la muerte”, o sea sicarios pagados para eliminar a “los indeseables”. En el oriente de Guatemala se utiliza más la limpieza social, mientras que los linchamientos son característicos de occidente. El fin instrumental es el mismo: eliminar al supuesto delincuente, pero el objetivo simbólico es distinto. Por ello, los linchamientos podrían resultar más efectivos para disuadir a potenciales criminales. Este último  efecto, o al menos la percepción de que lo tiene, explica de algún modo la difusión del fenómeno en la vecindad.

¿Qué riesgo hay de que un Comité de Seguridad pase al servicio de narcotraficantes y se convierta en su ejército privado, al estilo de los Zetas?

– Esta pregunta podría dar lugar a un tratado sobre cómo surgen los Estados, dado que su función primordial es la protección de un territorio y la población que lo habita, así como si posee o no el monopolio del poder coercitivo. En Guatemala tenemos el antecedente de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y sabemos de todos los abusos que se cometieron por parte de algunos de sus miembros durante el conflicto armado. Recientemente, se añade el caso de las maras que también han cumplido funciones de protección en sus barrios, contra extorsiones de grupos y pandillas rivales. La pregunta más pertinente es si el Estado guatemalteco tiene la capacidad de recuperar el monopolio de la fuerza. Mientras no haya un solo grupo con dicho monopolio asegurado, seguirá habiendo violencia.

Según diversos estudios, a más población indígena (o a más personas pobres) menos violencia homicida. ¿Son los linchamientos una excepción?

– Es correcto. La violencia homicida está inversamente correlacionada con el porcentaje de población indígena y el porcentaje de persona pobres en los municipios de Guatemala. Los linchamientos no son una excepción, sino que otro tipo de violencia, de corte colectivo, que sí está correlacionada de manera directa con el porcentaje de población indígena.

¿Qué tipo de estrategias debería de desarrollar el Gobierno entrante para combatir los linchamientos?

– Primero, comprender bien lo que pasa, pues ninguna entidad del Estado parece entender la naturaleza de los linchamientos ni sus causas. Sin eso, serán inefectivas las políticas públicas para disminuirlos. Esto está demostrado.

¿Cómo entender esta violencia?

– Se necesita hacer investigación seria. Se requiere de varias etnografías, estudios cualitativos y cuantitativos. Nadie hace eso sistemáticamente dentro del Estado de Guatemala. Ni siquiera hay consenso sobre las cifras. Tampoco detalles sobre cada uno de los casos ocurridos. Debe retomarse la presencia estatal en muchos municipios. Asimismo, penetrar su territorio, monopolizar el uso de la fuerza y hacer su trabajo con legitimidad y apegado al Derecho. Por otro lado, deben ajustarse las percepciones de la gente con la adecuada información sobre los niveles reales de delincuencia y criminalidad. Percepciones exacerbadas conducen a medidas extremas.

No parece una tarea fácil…

– Y aún hay algo por decir: el Estado debe dar muestras de capacidad para capturar a los supuestos delincuentes y castigar a los que efectivamente resulten culpables del delito por el que fueron acusados. Ello será más efectivo que cualquier anuncio radial o cursillos comunitarios de concientización.

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