Las sospechas se centraron tanto en Mifapro que el uso partidista de otros programas sociales pasó desapercibido. En el año electoral se gastaron millones de quetzales sin rendir cuentas ni detallar quiénes fueron los beneficiados.
Desde la convocatoria a elecciones hasta la primera vuelta electoral el Ministerio de Finanzas autorizó 176 transferencias presupuestarias en las instituciones del Estado. Todos los días el presupuesto sufrió al menos una modificación. Muchas fueron rutinarias, pero aproximadamente Q500 millones de estos fondos comparten una característica en común: fueron destinados a la compra de bienes entregados directamente a la población sin especificar para qué, para quiénes ni por qué se autorizaron.
El movimiento del dinero en el último año de gobierno de Álvaro Colom pone de relieve lo ya conocido: que los programas sociales que constituyeron la bandera electoral de Sandra Torres fueron la prioridad, y se convirtieron en el principal rubro de gasto de la institución desde donde se ejecutaron: Mi Familia Progresa en el Ministerio de Educación; la Bolsa Solidaria en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz); y la Bolsa Solidaria Rural en el Ministerio de Agricultura o Escuelas Abiertas en la Secretaría de Bienestar Social.
La revisión de las transferencias permite concluir que el Gobierno también sucumbió a autorizar gastos como la compra de láminas, alimentos y transporte en las semanas previas a las elecciones generales; gastos cuyo destino concreto no se especificó y que en su mayor parte se ejecutó sin cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado. Desembolsos que, como señala el analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi ), Ricardo Barrientos, llevan la etiqueta de “clientelares” y plantean el debate de dónde comienza el gasto público y dónde el de campaña.
El Ministerio de Comunicaciones, el de Agricultura y, en especial, el Fonapaz fueron las instituciones que registraron en mayor medida estos movimientos del 3 de mayo al 11 de septiembre de 2011. A pesar de que una buena parte del dinero se ejecutó por medio de fideicomisos –un instrumento que evita la rendición de cuentas–, el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas queda como el único testigo de estas operaciones.
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