Reflexiones sobre inversión pública

“Eso de los diputados y la repartición de las obras viene exacerbándose, a mi juicio, desde la administración del FRG. Anteriormente los diputados ‘influían’ en la colocación de algunas obras, para quedar bien con sus electores, pero a partir de dicho gobierno, todo se transformó en irregular e insolente abuso, especialmente los Fondos de Desarrollo Social, el 10 por ciento Constitucional y el IVA-Paz.

El resto de la inversión no es mejor que esto, pues los recursos que manejan Fonapaz, el desaparecido FIS y Covial, han tenido alto grado de discrecionalidad. El Ejecutivo ha emitido, sistemáticamente, declaratorias de emergencia que eliminan los requisitos de licitación en obras millonarias. Con las municipalidades es igual o peor, usan Guatecompras, pero solo formalmente; en el fondo son ejercicios viciados y dirigidos, donde los ganadores son familiares, allegados o testaferros.

Los diputados, cuando son electos  tienen funciones legislativas exclusivamente, pero progresivamente se han alejado de la verdadera teleología de sus cargos y han desviado su atención al enriquecimiento a través de los proyectos de inversión pública.

Poner prohibiciones es como poner saltos de obstáculos: más temprano que tarde, se los saltan o buscan cómo hacerlo. Creo que el camino sería que el Congreso como organismo en conjunto y no los diputados en particular ratifique o enmiende el presupuesto, sobre cifras globales y omitan adentrarse al contenido de los proyectos, puesto que esto es exclusivo de la responsabilidad del Ejecutivo (a través de la Segeplan) y de las municipalidades en general.

Por otro lado, nótese además que al hacer la distribución de las obras en el Congreso, se desnaturaliza totalmente todo el sistema de consejos de desarrollo, pues los ejercicios preparatorios que hacen  se ven desbaratados por los diputados y eso solo alimenta la frustración y la ingobernabilidad.

Concluyendo, cualquier presidente que ‘ofrezca’ obras a los diputados a cambio de…, está violando la Constitución y la ley de Consejos de Desarrollo, puesto que la definición de los proyectos es potestativo de tales consejos y no de los diputados.

El Congreso debe aprobar o improbar cifras globales del presupuesto. Por supuesto que hay que conocer interioridades del mismo, pero ello es distinto de que ese sea el pretexto para hacerse de la tutelaridad de los proyectos”.

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