La constante incorporación de nuevos beneficiarios sin contar con presupuesto, impidió a Mi Familia Progresa cumplirle puntualmente con todos los pagos a los integrantes del programa. En los dos últimos años, en promedio, los fondos solo alcanzaron para cuatro meses.
Asier Andrés
Desde su creación a mediados de 2008, Mi Familia Progresa (Mifapro) le planteó un trato a los ciudadanos más pobres. A cambio que sus hijos acudieran con regularidad a la escuela y a chequeos en centros de salud, los beneficiarios recibirían una transferencia económica del Estado. Para las madres con hijos aún pequeños para ingresar al sistema educativo, el pago sería de Q150 mensuales. Las que contaran con hijos en edad escolar –la mayoría de las actuales beneficiarías del programa–, recibirían Q300. Las madres deberían presentar boletas selladas por los maestros o por el personal sanitario y el Estado organizaría cada 2 meses un “evento de pago” en el que el se les entregaría el dinero en efectivo.
Los términos del acuerdo parecían simples. Sin embargo, el Estado no pudo cumplir su compromiso más básico a las 887 mil familias que llegaron a integrar el programa en 2011: la entrega del dinero de manera puntual.
Bastaba un rápido cálculo matemático para comprender cómo, por ejemplo, en 2010 si el programa tenía asignados Q997 millones para las transferencias, esa suma no alcanzaba para pagar puntualmente a las 580 mil mujeres que ya eran integrantes y además, incluir a otras 250 mil, tal y como ocurrió.
Una base de datos a la que accedió elPeriodico sobre los pagos realizados por Mifapro desde 2008 al 8 de diciembre de 2011 ponen de relieve que el Estado no pudo cumplirle a una sola de las mujeres con los pagos durante un año completo. En 2011, en promedio, solamente se pudo pagar 4 meses –o sea, se organizaron 2 eventos de pago. Ningún municipio llegó a las 6 mensualidades y en 140 municipios solamente se pudo pagar 2 meses. Aunque no siempre fue así.
El salto adelante
En 2009 fue cuando las transferencias fueron más regulares. La mayoría de los 78 municipios que habían entrado en 2008, durante la primera fase del programa, en 2009 recibieron entre 7 y 9 meses de pagos, una cifra que no se repetiría.
En ese año, sin embargo, comenzó la gran expansión de Mifapro. Ingresaron 246 mil personas de 93 municipios, y el presupuesto vigente de Q900 millones ya no fue suficiente para pagar a las nuevas incorporaciones con regularidad. En la mitad de estas poblaciones se realizó un solo evento de pago, y en la otra mitad el presupuesto ni siquiera alcanzó para pagar un mes a todas las beneficiarias.
A pesar de ello, y de que solamente se le añadieron Q77 millones a su presupuesto, en 2010 el programa siguió adelante con su ampliación. La asignación de fondos se convirtió, entonces, en un juego de las sillas a la inversa, en la que cada vez participaban más personas, pero el número de asientos no aumentaba. El programa redujo el ritmo de los pagos a las beneficiarias que ingresaron en 2008 y logró transferirles a las que lo hicieron en 2009 un promedio de 4 mensualidades. Pero de los 95 municipios nuevos que entraron –250 mil personas–, en solo una decena se organizó un evento de pago en el que alcanzaron los fondos para entregarle efectivo a todos los beneficiarios.
La situación se complicaría aún más en 2011, el año electoral. El Consejo de Cohesión Social –coordinador de Mifapro- sabía que no podría recibir transferencias presupuestarias de otras instituciones del Estado y que a su presupuesto le pusieron “candado” en el Congreso. Y aún así, la expansión solo redujo su magnitud, pero no se detuvo.
En 2011 entraron a Mifapro 34 municipios nuevos y 58 mil mujeres más, la mitad de ellas, urbanas, vecinas de las cabeceras departamentales de Escuintla, Quetzaltenango, Retalhuleu y Petén. El programa se vio obligado a recortar drásticamente fondos de los municipios con más beneficiarios. A 138 poblaciones se les quitaron Q300 millones que sirvieron para financiar eventos de pago en los nuevos municipios de 2011 y a los que entraron en 2010. El más afectado fue precisamente el municipio con más integrantes del programa: San Pedro Carchá, Alta Verapaz, al que se redujo su presupuesto en Q14 millones. Sus beneficiarias pasaron de recibir 9 mensualidades en 2010, a 3 en 2011. En similares circunstancias se encontraron las mujeres de Ixcán, Panzós, Jocotán y Camotán.
Por los pobres
Aunque no se le mostraron los datos a los que tuvo acceso elPeriódico, la encargada del programa en el nuevo gobierno, Luz Lainfiesta, confirmó que en 2011 se pagó “en algunos municipios 3 bimensualidades, y otros solo 2”, y que “en ninguno de los años que lleva el programa se cumplió con la entrega de transferencias bimensuales 6 veces al año”. “El programa es bueno y hay que mejorarlo” –subrayó la próxima funcionaria– “pero debido al ingreso apresurado y sin presupuesto que se llevó a cabo, el Estado no pudo cumplir con los pagos”, concluyó.
elPeriodico intentó entrevistar al director de Mifapro, Neftalí Hernández, pero, según aseguró la responsable de comunicación del programa, María del Carmen Fuentes, la pasada semana se encontraba fuera del país.
Fuentes reconoció que en 2011 “no se pudo pagar todo en la mayoría de municipios”, pero argumentó que se debió al cerco presupuestario que impusieron tanto el Congreso de la República como la diputada Nineth Montenegro.
La legisladora planteó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2011 –que fue aceptado– en el que solicitaba que se prohibiera realizarle transferencias presupuestarias a Mi Familia Progresa desde los ministerios de Educación, Gobernación y Comunicaciones. “Eso nos impidió seguir pagando”, concluyó Fuentes. Al ser cuestionada de por qué si sabían que no contaban con los recursos siguieron expandiendo el programa, la funcionaria respondió que “el espíritu era llegar a todos los pobres. El Consejo de Cohesión (que coordinaba Sandra Torres) decidió que se debían incluir en 2011 a todos los municipios posibles. La selección de las familias es un proceso que venía de antes, no se podía esperar a tener la plata para meterlos en el programa”.
Nineth Montenegro explicó que los recursos judiciales que interpuso no pretendían perjudicar a Mifapro, sino “institucionalizarlo, lograr que tuviera un presupuesto propio sostenible”. “Lo que no se puede es apoyar durante unos meses a una familia de Quiché y luego decirles que ya no hay plata por culpa del Congreso, para comenzar a apoyar a una familia de Jutiapa, solo por conveniencia política”, criticó la diputada.
Para María Castro, directora de Mifapro durante 2008, “esta situación se venía venir”. “Desde 2010 ya era evidente que el programa requería unos Q2 millardos”, comentó la exfuncionaria. Pero en opinión de Castro, el incumplimiento de los pagos no constituye un fracaso de Mifapro. “El objetivo no era repartir dinero, sino mejorar las tasas de matriculación escolar y el acceso a la salud. Y eso, aparentemente sí ha mejorado.
Pensemos en cómo estaría la población, si ni siquiera existiera el programa. Para la mayoría es su único sistema de protección social”, aseguró.
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