En recientes declaraciones, el vicepresidente Rafael Espada expresó que el monto de la deuda pública flotante auditada es “muy grande”, pero no reveló la cantidad, y que será la Contraloría de Cuentas la que valore dichas cifras.
Se denomina deuda pública flotante al conjunto de obligaciones de pago por transacciones económicas ordinarias en el sector público, que no se alcanzan a liquidar al cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que se transfieren al siguiente. Dichas obligaciones financieras no forman parte de la deuda pública consolidada, fundamentalmente porque son de corto plazo y no se originan de préstamos. Generalmente, son deudas a favor de contratistas y proveedores del Estado, que se van liquidando conforme transcurre el ejercicio fiscal. La transferencia de deudas de un ejercicio fiscal a otro es ilegal, pero en la práctica financiera del Estado es usual, especialmente cuando las cantidades son razonablemente manejables.
Sin duda, el desorden financiero en el sector público bajo el régimen de Colom, derivado de las transferencias ilimitadas y de una ejecución de gasto público con fines clientelares y de negocios, está redundando en que la deuda pública flotante haya llegado a niveles astronómicos, al extremo que el equipo de Gobierno que asuma el 14 de enero de 2012 tendrá que afrontar un gravísimo problema financiero producto del desmadre causado por la actual administración.
Se estima que la deuda pública flotante en el sector público podría exceder de los Q15 millardos. De hecho, solamente la deuda pública flotante del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) podría estar por encima de los Q11 millardos.
El régimen de Colom no solo no ha honrado gran parte de las deudas heredadas de la administración anterior, sino que, prácticamente, ha sextuplicado la deuda pública flotante, porque el régimen de Óscar Berger le habría heredado al de Colom alrededor de Q2.5 millardos. Lo anterior sin perjuicio de que también se ha duplicado la deuda pública consolidada.
Empero, lo peor del asunto es que los funcionarios del régimen de Colom siguen contratando a diestra y siniestra, al amparo de los mecanismos de excepción previstos en la Ley de Contrataciones del Estado. De hecho, algunos expertos anticipan que la deuda pública flotante al ritmo de contrataciones podría ser bastante mayor de la estimada. En todo caso, lo primero que deberán hacer las nuevas autoridades es publicar los contratos que integran la deuda pública flotante, para que todos sepamos los pormenores de las
contrataciones.
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