La parte más significativa del discurso del presidente Pérez Molina fue la que se refirió a nuestra guerra interna. Dos frases suyas en este tema compiten por ser las más afortunadas de la jornada. Pérez dijo: “Quiero que mi generación sea la última de la guerra y la primera de la paz”. Y dijo también: “Ojalá seamos todos capaces de perdonarnos”. Habló de no olvidar el pasado, pero habló también de la importancia de superarlo.
En eso solo se puede decir que el presidente tiene razón: es imposible olvidar, hacer como que no existió todo aquel sufrimiento, pero es indispensable superar el pasado y construir un futuro en común. La pregunta es, ¿cuál es el camino para lograrlo? ¿Ver solo para adelante? Eso es inviable porque muchas personas que han sufrido durante la guerra se niegan a hacerlo y les asiste el derecho. Pero que un actor directo de la guerra, negociador y suscriptor de la paz, convertido ahora en Presidente
Constitucional de la República, se refiera en su discurso de toma de posesión al conflicto en los términos en que lo hizo, supone un gran paso para Guatemala. Significa que él no ignora el dolor que acarreó la guerra a miles y miles. Sus palabras incluyen el reconocimiento de que el conflicto fue inspirado por la pobreza y la marginación de millones de guatemaltecos, no por una moda perversa, ni por una presión externa (aunque ambas motivaciones hayan confluido).
La mejor manera de superar la guerra, sugirió, es abatir las causas que le dieron origen. Esa es la tarea del Estado. Porque, una vez desaparecida la guerra fría, una vez derrumbado el mundo socialista, lo único que permanece igual en el país es el número de personas que mueren de hambre, carecen de oportunidades de empleo y no tienen acceso a una educación liberadora. Le sobra razón al presidente.
Pero una frase suya en este mismo tema fue muy desafortunada y hace temer errores en este esfuerzo por superar el conflicto. Pérez Molina hizo alusión a personas que no vivieron la guerra y se empeñan en mantenerla vigente con financiamiento externo. ¿A quiénes se refiere? Alguien dirá, a Jennifer Harbury, quien ya ha cobrado una indemnización por la ejecución de Efraín Bámaca y sin embargo se empeña en reavivar su reclamo judicial. Pero también puede referirse a las organizaciones que han apoyado a grupos de campesinos a documentar los casos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Ejército. Por supuesto que reciben financiamiento externo, si el Estado no les brinda la menor asistencia y antes bien, el sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, fue indiferente durante muchos años ante sus peticiones. Ellos tienen derecho a buscar justicia, como lo tienen quienes fueron víctimas de la insurgencia sin ser combatientes del Ejército.
Desestimar sus reclamos no conduce a superar el conflicto, sino posterga unas consecuencias inevitables de la guerra.
Necesitamos superar el conflicto. En eso tiene razón el Presidente.
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