Hay un caos vehicular sorprendente en la Ciudad Universitaria.
Eduardo Velásquez Carrera
La crisis de disponibilidad de parqueos es menos dramática durante la mañana, pero se colma en el horario de la tarde y de la noche. Las autoridades de la Usac han perdido totalmente su capacidad de planificación y de programación de la obra física. Con fondos disponibles en el programa del Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–, desde 2006, la actual administración ha iniciado en enero, con seis años de retraso el recapeo del periférico interno del campus de la zona 12. No tuvieron la visión de hacerlo en diciembre.
Sin embargo, hay temas pendientes más importantes que el señalado. Tres cuestiones obstaculizan su desarrollo. En la agenda para la modernización de nuestra alma máter, que cumple este mes 236 años de vida, el primero y más importante según mi criterio es la Reforma Universitaria, pospuesta adrede de forma indefinida y que avanza a paso de tortuga. Otro gran tema son las modificaciones que le fueron realizadas a la Ley Orgánica de la Usac; las violaciones a la misma, incluyendo la forma ilegal de ampliar los estatutos y los reglamentos de elecciones –que hasta el momento no han sido publicados en el Diario Oficial– contradiciendo abiertamente la propia ley orgánica, cuestión legal que se encuentra ya en la Corte de Constitucionalidad y un tercero que se refiere al plan de prestaciones.
El Consejo Superior Universitario –CSU– en reunión realizada el 31 de agosto del año pasado aprobó en el Acta 17-2011 las modificaciones de algunos artículos del reglamento del plan de prestaciones del personal. En el Artículo 11 ratificaron que la edad y el tiempo de servicio para optar a la jubilación son los 85 puntos, que conjugan edad y 20 años mínimos de contribución al plan. En el Artículo 14 con relación al valor de la pensión por jubilación y compensación económica, se estableció un monto techo máximo de Q12 mil al mes para jornadas de ocho horas.
En el Artículo 12 se ratificó como edad de retiro obligatorio los 65 años y se apunta taxativamente que nos se autorizarán dispensas para continuar laborando, como sí lo estuvieron haciendo en estos años recientes con fines proselitistas en diversas facultades, otorgando concesiones a quienes apoyaban a determinados candidatos y negándoselas a los opositores, como fueran los sonados casos de varios profesores de Ciencias Económicas y Odontología, como Tristán Melendreras Soto y Manuel González Ávila. En tal resolución, se exceptúan del retiro obligatorio a los 65 años a las autoridades universitarias electas para el CSU, que cumplan la edad de retiro en el ejercicio de sus funciones. Y aquí viene el reclamo justificado: “o todos hijos o todos entenados”.
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