La función del Estado es informar sobre los efectos de consumir drogas.
Otto Pérez Molina comenzó su presidencia con una propuesta audaz: la posibilidad de despenalizar las drogas. No afirma que debe seguirse ese camino, pero sí estudiarlo. Guatemala es uno de los países más violentos y la droga es parte de ese fenómeno.
Los argumentos contra la despenalización pesan. Parece probado, dado el caso de la marihuana en Holanda, que cuando se permiten las drogas, aumenta el consumo. Y es muy difícil abandonarlas. Tampoco la legalización disminuirá la violencia. A los delincuentes, cuando se les acaba el negocio, migran hacia otras actividades ilícitas: extorsión, prostitución, asaltos.
Los argumentos a favor son también válidos. Si se legitiman el comercio y la utilización de drogas, mediante grandes campañas publicitarias contra los daños que genera, además de una ganancia fiscal para el Estado, los adolescentes comienzan a alejarse de ese vicio.
Hay más: aunque es más fácil combatir a media docena de organizaciones nacionalmente estructuradas que a centenares de diminutas bandas de criminales, lo cierto es que las grandes mafias poseen una capacidad corruptora que no alcanzan las pequeñas bandas criminales. Los carteles utilizan sus recursos para corromper a políticos y funcionarios. A veces llegan al Parlamento, como el colombiano Pablo Escobar. Cuando eso ocurre, hablan de “estados fallidos”, o de “narcopaíses”, caso Panamá en tiempos de Manuel Antonio Noriega.
Y queda el debate moral: ¿qué derecho tiene el Estado a decidir lo que un adulto en plenitud de facultades mentales hace con su cuerpo si solo se perjudica a sí mismo? Si decide fumar marihuana, oler cocaína o inyectarse heroína, se hace daño porque le satisface y no le corresponde a nadie tratar de impedirlo. Se trata de comportamientos nocivos, libremente escogidos, parecidos a los de quienes optan por comer hasta alcanzar obesidad mórbida, emborracharse hasta caerse desmayados o vomitar constantemente.
La función del Estado no es protegernos de nosotros mismos. Esa es tarea de la familia, quien en el proceso de educación de sus hijos debe dotarlos de sentido común, prudencia y valores para que utilicen la libertad sensatamente.
Para mí, este último es el argumento de más peso. Es obvio que el consumo de drogas psicotrópicas que afectan la percepción y esclavizan es una enorme tragedia, pero yo no quiero que el Estado decida lo que puedo y debo hacer con mi cuerpo. Al Estado corresponde informarme de las consecuencias de consumir esas sustancias. La responsabilidad de utilizarlas no es mía. ©FIRMAS PRESS.
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