Los fideicomisos deben transparentarse

Desde el 21 de abril de 2009 cobró plena vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, 2 años y 9 meses después no se conoce mayor cosa de los fideicomisos estatales, que se han convertido en los mayores bolsones de gasto discrecional en el sector público guatemalteco.

Dicha ley claramente establece que los fideicomisos estatales son sujetos obligados de proveer información no solamente la de oficio que exige la referida normativa, sino también la que solicite cualquier persona interesada.

Dichos fideicomisos se constituyen con fondos públicos, cuyo dominio, por cierto, es ilícitamente transmitido a los bancos, ya que no se cumple con lo que para el efecto disponen las leyes de enajenación de bienes públicos. Luego, los fideicomisos estatales no pueden operar a espaldas del pueblo.

Sin duda, la información solicitada deben proveerla los comités técnicos de los fideicomisos, así como la Superintendencia de Bancos, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General, que, por cierto, siempre son requeridas para dictaminar cuando se constituye un fideicomiso estatal.

Ha trascendido que varios administradores de los fideicomisos estatales, que son cuentadantes y gestores públicos, no han cumplido con poner a disposición la información de oficio que exige la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que, definitivamente, están incurriendo en responsabilidad por omisión. ¡Ojo señor Procurador de los Derechos Humanos (PDH)!

La Ley de Acceso a la Información Pública ha sido definida como una “ley del pueblo”, que permite a los gobernados y contribuyentes acceder a la información que se encuentra en todos los organismos, instituciones, entidades y entes estatales, sin excepción alguna.

Ha llegado el momento, pues, de la auditoría social y del control ciudadano sobre los fideicomisos estatales, que se han convertido en uno de los más importantes instrumentos del sistema paralelo de gasto público, basado en la discrecionalidad y el secreto.

El PDH y todos los ciudadanos conscientes deben utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública para penetrar los fideicomisos estatales y que, por fin, se sepa cómo se manejan los fondos públicos en su seno. ¡Manos a la obra!

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