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    Guatemala, viernes 03 de febrero de 2012

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    OPINIÓN

    Expansión de la economía informal

    Editorial

    Se estima que la economía informal en Guatemala podría constituir el 75 por ciento de la economía nacional. Esto significa que entre 7 y 8 empleos de cada 10 se crean en la informalidad, sin protección ni acceso a la seguridad social.

     

    En gran medida, las remesas familiares han estimulado el surgimiento de microempresas que no se formalizan, debido a la falta de información y a que el acceso al sector formal es complicado y complejo.    

     

    Sin duda, estas apreciaciones demuestran que el sector informal de la economía nacional en vez de decrecer está aumentando paulatinamente. Las causas son variadas: regulaciones excesivas, trámites burocráticos, altas tasas impositivas y falta de incentivos para formalizarse.

     

    La permanencia en la informalidad también se debe a los altos costos que conlleva la formalización. Los empresarios simplemente no están dispuestos a pagar los gastos de la formalización (registros, autorizaciones, asesorías, impuestos, trámites, papelería y demás). Hacen sus números y concluyen que todos estos gastos los descapitalizan, porque deben salir del capital y no de las ganancias o utilidades de sus negocios. Son costos adicionales a los de organización e instalación.

     

    En Guatemala, la informalidad comienza por los derechos de propiedad. Gran parte de la propiedad en nuestro país no está titulada. Los bienes de la gente no tienen títulos de propiedad, pero no solamente los inmuebles, sino también las empresas, las construcciones y los negocios ambulantes. Por ello, uno de los más importantes proyectos es la titulación de la propiedad a costo cero, porque esto contribuye a que la población se formalice. Por cierto, la falta de titulación provoca inaccesibilidad al crédito y a los seguros, así como inseguridad jurídica en la contratación y las transacciones en general.

     

    En todo caso, son tareas pendientes la simplificación de procesos, la reducción de impuestos que gravan el capital o el patrimonio (expropiatorios) y la reinversión de utilidades (antieconómicos), así como la derogación de disposiciones legales, reglamentarias y municipales que obstaculizan el desarrollo económico. De cualquier manera, la prioridad, además de fomentar la inversión productiva y la generación de nuevas fuentes de trabajo, debería de ser la formalización del empleo, en vez de estimular dependencia y “precarismo” a través del clientelismo y del asistencialismo. El trabajo dignifica y asegura autonomía personal y desarrollo integral.

    Editorial

    2 febrero 2012

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