Se conoce que las familias no recibieron remesas continuas durante el desarrollo del programa gubernamental a cargo de Sandra Torres.
El presidente Otto Pérez, acompañado de la ministra designada en el tema de Desarrollo Social, Lucy Lainfiesta, visitó la sede del archivo de registro de beneficiarios del programa Mi Familia Progresa (Mifapro). Mientras caminaban entre las cajas plásticas de archivos que contenían la papelería del programa, Lainfiesta le explicaba al mandatario que ahí se encontraban solo los archivos de 146 municipios y que la información recabada hasta ahora equivale al 40 por ciento de la totalidad.
“Esto es arcaico”, respondió el Presidente en tono serio a uno de los empleados, quien le explicó que recién se digitalizan los datos de 2009.
Luego de haber hecho otro recorrido por las oficinas centrales del programa, anunció que 26 sedes de Mifapro permanecen “tomadas” sin poder entrar a ellas porque se debe el alquiler de las sedes.
Destacó que durante cuatro años no se hizo ninguna auditoria externa. Pérez asegura que las familias no recibieron ni el equivalente a dos remesas continuas.
Anunció que en el Registro Único de Beneficiarios se colocarán las fotografías de las beneficiarias, sus hijos y las de las viviendas, cédulas, direcciones, fechas de nacimiento y todos los beneficios del que goce esa familia. “Un registro único sin límite”, lo calificó.
Agregó que en adelante los monitores comandarán a las “madres líderes”, voluntarias que estarán a cargo de una decena de beneficiarias.
Lainfiesta dijo que Neftalí Hernández, actual director de Mifapro, no continuará en el cargo.
Pérez resaltó la mala distribución del programa y su incremento entre 2009 y 2010, lo cual, dijo, tuvo una finalidad electoral. Ejemplificó que en Alta Verapaz –un departamento con 78 por ciento de pobreza– únicamente el 21 por ciento recibe Mifapro. Añadió que el ingreso de los niños en las escuelas disminuyó 92 por ciento. “No todas las cifras del gobierno anterior son reales”, observó, al cuestionársele acerca del millón de niños que durante los 4 años asistieron a las escuelas gracias a los programas sociales.
La diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, coincidió con Pérez en algunos puntos. Indicó que según la fiscalización realizada se encontraron varios casos de dobles y triples pagos. “Otro dato que conlleva al clientelismo en el programa es el empadronamiento y la extensión del DPI a beneficiarios, refirió la parlamentaria.
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