Durante la campaña electoral, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti Elías prometieron que en cuanto tomaran posesión de sus cargos perseguirían hasta debajo de las piedras a los funcionarios y empleados corruptos del régimen de Álvaro Colom.
Todo el mundo está a la espera de que se destapen las reposaderas en el sector público y que, por fin, se conozca qué se hicieron los cientos de millardos de quetzales que estuvieron a cargo del régimen de Colom y que se deduzcan las responsabilidades legales consiguientes en contra de los que “piñatizaron” los bienes públicos e hicieron “chinche” los dineros estatales.
Por de pronto, la población exige el esclarecimiento de las anomalías e irregularidades en torno a los siguientes asuntos que han trascendido a la opinión pública: 1) La denominada “Conexión Panamá”, consistente en la salida por vía aérea de paquetes de dinero en maletas a través del Protocolo del Aeropuerto La Aurora; 2) La transferencia de millardos de quetzales, bajo la denominación de “aportes económicos”, a una entidad privada para financiar el oscuro negocio del Transurbano; 3) El uso y aplicación de fondos públicos en la construcción del Puerto Champerico y la Transversal del Norte; 4) La emisión del documento personal de identificación (DPI); 5) El desvío de recursos hacia proyectos clientelares y electoreros a través de Fonapaz, Infom, Fonades, FSS y Mifapro; 6) Las transferencias de fondos de programas de inversión a programas de funcionamiento o de pago de deuda pública, durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011, en contravención a lo que ordena el Artículo 238, literal b), de la Constitución; 7) La contratación de la multimillonaria deuda pública flotante, sin acatar lo que ordena el Artículo 171, literal i), de la Constitución; 8) El cierre temporal de las fronteras entre Guatemala y Honduras en 2009, por decisión presidencial; 9) Las transferencias multimillonarias a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas a funcionarios públicos; 10) La pésima calidad de la infraestructura física; y 11) El gasto multimillonario en publicidad y promoción del régimen. Empero, esta responsabilidad no pesa solamente sobre el Organismo Ejecutivo, sino también sobre la Contraloría y el Ministerio Público, la primera encargada del control hacendario y el segundo a cargo del ejercicio de la acción penal pública.
Ojalá que lo que se prometió durante la campaña electoral se cumpla, específicamente en lo que toca a la deducción de responsabilidades legales en contra de quienes infringieron la ley.
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