Editorial
La espiral de violencia que está enfrentando la sociedad guatemalteca nos mantiene bajo una auténtica psicosis de guerra. Todos los guatemaltecos estamos a la defensiva, porque en cualquier momento y lugar podemos ser víctimas del ataque criminal.
Todo tipo de delitos se cometen en Guatemala con absoluta impunidad. Las agresiones son contra la vida humana, contra la integridad física, contra la libertad, contra el patrimonio de las personas y, en fin, contra cualquier bien protegido por la ley penal, que, por cierto, no se cumple ni se aplica.
Proliferan los asesinatos con móviles diferentes, los allanamientos a viviendas, oficinas y haciendas, los ataques en las calles y en los vehículos, los secuestros, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, los linchamientos, las violaciones, los robos, las extorsiones, los chantajes, las estafas, los asaltos, las ‘vendettas’, los abusos y los fraudes en general.
Resulta patética y trágica la facilidad con que se fraguan y articulan conspiraciones, asociaciones y organizaciones criminales en Guatemala. Luego, no debe extrañarnos que abunden las pandillas armadas, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad ilícitas y corruptas.
El fracaso de la seguridad pública es la mayor prueba del fracaso del Estado de Guatemala. La conflictividad es altísima e incontrolable, al extremo que solamente el 25 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país llegan al conocimiento de las autoridades, lo que significa que no se tiene noticia oficial del otro 75 por ciento de los crímenes. Pero lo más inaudito es que solo una mínima parte de aquel 25 por ciento de denuncias se investiga y un porcentaje bajísimo llega a proceso penal, ya no digamos a sentencia. Es decir, que la probabilidad de que un delincuente sea castigado por el crimen que cometió es mínima.
Mientras no entendamos que la justificación esencial de la existencia del Estado de Guatemala es la seguridad y la justicia, el peligro de la anarquía y del caos estará tocando nuestra puerta día a día, hasta que, finalmente, irrumpa como tromba marina y nos condene a la ley de la selva, al sálvese quien pueda.
Proponemos, entre otras cosas, que se aumente sustancialmente el presupuesto destinado a seguridad y justicia a costa de la drástica rebaja del gasto público que se destina a burocratización, clientelismo político y asistencialismo, así como que se adopte una política criminal de prevención del delito.
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