Este es el punto que más debate inspira respecto del paquete fiscal del Gobierno.
Critiqué el peso que cargan los asalariados y profesionales independientes como exagerado,una semana atrás en esta columna. Hoy enmiendo lo dicho porque hay información de gran relevancia que es necesario revisar. Se trata de datos provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de manera que no serán sospechosos de estar orientados a favorecer a la elite económica. Esos datos reflejan que hasta 2011, en lo concerniente al Impuesto Sobre la Renta (ISR) en Guatemala, son las sociedades o empresas las que más pagan en comparación con las personas físicas (asalariados o profesionales independientes). La renta de las empresas en el país corresponde al 3.4 por ciento con relación al Producto Interno Bruto (PIB). La renta de las personas físicas en cambio corresponde al 0.2 por ciento del PIB. Esto es una relación de 17 a 1. Lo habitual en América Latina es que la relación sea de 2 a 1 entre empresas y personas individuales.
¿Cuál es la razón fundamental de esta distorsión en Guatemala? La existencia de un régimen de dependencia muy débil. Al permitírsele a los empleados presentar una planilla del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se produce una merma gigantesca del pago del ISR. La mayoría de contribuyentes se convierte en agilísimos recolectores de facturas y logra documentar prácticamente todos los ingresos declarados aunque buena parte de sus gastos habituales no generen pago de IVA. De ahí que la cifra de contribuyentes reales a ese impuesto se reduzca hasta casi 59 mil en todo el país, como sostiene por estos días Pavel Centeno, el ministro de Finanzas.
La reforma al ISR que el Ejecutivo ha presentado al Congreso elimina esa posibilidad de merma al suprimir la presentación de planilla, aunque también reduce la tasa del impuesto e incrementa la renta deducible (de Q36 mil a Q48 mil anuales).
Ese contribuyente de clase media o media alta que recolecta facturas sin duda va a pagar más a partir de 2013 (todos damos por descontado que los diputados aprobarán la reforma), pero es que hoy paga bastante menos de lo que le corresponde.
La propuesta fiscal del Ejecutivo es progresiva. Propone que pague más quien mejores ingresos tiene, pero por supuesto que aún hace falta un largo camino por recorrer en esa ruta. Para conseguir la verdadera progresividad de la carga tributaria se necesita una Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) mucho más apta, sofisticada y con auténtica voluntad política de cobrar más a quien más ingresa. Que persiga con eficacia a los evasores. Y ahí viene un punto crucial: ¿Qué tipo de SAT quiere integrar el Gobierno?
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