Recientemente el régimen de Ecuador, presidido por Rafael Correa, emitió una ley (reforma electoral) que prohíbe a los medios de comunicación llevar a cabo, durante el proceso electoral, “promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir en favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”. El Consejo Nacional Electoral deberá reglamentar los alcances de las limitaciones a la información establecidas en la referida ley.
Correa ha expresado en reiteradas oportunidades que pretende evitar que los medios de comunicación se conviertan en actores políticos “y pongan y quiten presidentes”. En todo caso, cabe advertir que, a finales de este año, se celebrarán elecciones presidenciales y que Correa, quien se postulará para la reelección presidencial, teme que la prensa independiente critique o cuestione los excesos, los abusos y las arbitrariedades durante su gestión.
Empero, el enfrentamiento entre el régimen de Correa y la prensa ecuatoriana no se reduce a la emisión de la mencionada ley. Debe recordarse que un juzgado penal condenó a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita al pago de US$1 millón cada uno como indemnización al presidente Correa, quien hace un año los demandó por supuesto daño moral, a raíz de que en el libro El Gran Hermano, escrito por Calderón y Zurita, se revela la presunta suscripción de contratos millonarios entre el Estado de Ecuador y empresas de Fabricio Correa, hermano del gobernante, que presuntamente conocía Correa.
También pende que la Corte Nacional de Justicia confirme o revoque la sentencia que condenó al diario El Universal al pago de US$42 millones y al periodista Emilio Palacio a 3 años de prisión, recaída en el proceso penal iniciado por Correa a raíz de que Palacio acusó al gobernante de haber abierto fuego indiscriminadamente contra un hospital lleno de civiles durante la rebelión policial suscitada el 30 de agosto de 2010. Esta decisión judicial, que todavía no está firme, ha provocado que Palacio solicite asilo en los EE.UU.
El artículo 11 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece: “11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.
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