El ministro de Finanzas, Pavel Centeno, está haciendo lo correcto: si quiere recaudar más impuestos debe dar muestras de que va a cuidar los recursos públicos.
A finales de la semana pasada, el encargado del Tesoro anuló 4 compras de contrato abierto iniciadas por el anterior Ministro de Salud, apenas 2 días antes del 14 de enero, cuando el general Otto Pérez Molina recibió la Presidencia.
A lo largo de los últimos cuatro años los medios de comunicación han revelado una grosera sobrevaloración en varios contratos de medicinas. La propia Gremial de Farmacéuticos ha denunciado este tipo de anomalías en más de una ocasión. Por ejemplo, en marzo del año pasado, los farmacéuticos buscaron el apoyo de la diputada Nineth Montenegro para evidenciar el acaparamiento de los contratos de medicinas en manos de 3 empresas y una sobrevaloración de precios que en ese entonces rozaba los Q450 millones (vea La Hora del 2 de marzo de 2010)
La queja reiterada alrededor de los contratos de medicinas es que han servido para pagar favores de campaña. Esperemos que ahora el celo demostrado por el Ministerio de Finanzas se extienda a todas las dependencias y proveedores del Estado, y no se trate solamente de cerrarle la llave a los padrinos de sus rivales políticos.
Como siempre hay que comenzar por algún lado, se agradece la diligencia del ministro Centeno, quien ha formado a su alrededor un buen equipo. Sin embargo, vale la pena hacer notar que la suspensión de estos contratos es nada más el inicio del trabajo pendiente para combatir la corrupción en las compras del Estado.
La anulación, denuncia, o incluso la persecución penal de casos concretos de corrupción, sirve para dar la voz de alerta y marcar el rumbo. Pero, si el ropósito es transparentar la gestión pública y cerrarle espacios para siempre a los mañosos, hay que reformar sistemas administrativos, sobre todo atacando la discrecionalidad.
Empujar este tipo de cambios institucionales requiere de un gran apoyo político, tanto del presidente Pérez Molina como del Congreso de la República, pues algunas leyes requieren cambios, como por ejemplo la de Compras y Contrataciones, y algunas deben promulgarse, como la de Fideicomisos Públicos.
Ahora bien, dado que la anulación de contratos ha puesto de nuevo en la palestra al Ministerio de Salud, voy a aprovechar la oportunidad para aclarar un par de puntos. Hace un par de semanas, se formó una pequeña tormenta en torno a las compras por procedimientos de excepción que se han llevado a cabo en esa cartera, y que según han anunciado las autoridades, se harán por una única vez, debido a la situación calamitosa en la que se encuentra el sistema de Salud.
Ante todo, yo nunca dije que los contratos por más de mil libras de carne de cerdo para el hospital Roosevelt se hubieran adjudicado a las empresas del ministro: lo que sí hice, y enfáticamente, fue hacer notar el conflicto de interés.
Me pareció acertado que la vicepresidenta Roxana Baldetti interviniera de inmediato y que el doctor Arredondo asegurara que sus empresas no han participado ni participarán en las compras de Salud.
Lo sucedido en torno a las compras de esta cartera debe subrayar la necesidad de reformar los procesos para evitar abusos. Los fideicomisos o los estados de calamidad –para citar dos ejemplos nada más– se convierten en agujeros negros de recursos públicos, donde se multiplican los desmanes.
Debe tomar nota el ministro Arredondo. Esta vez, Finanzas detuvo el gol. A la próxima, los procesos mismos deberían ser la principal barrera. Vea www.dinafernandez.com
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