El programa nacional de resarcimiento dejó a medio construir casi un millar de casas y gastó más de la mitad de su presupuesto en publicidad, encuentros y funcionamiento. Las víctimas del conflicto armado quedaron en un segundo plano.
El Estado nunca había gastado tanto dinero en un programa para compensar a las víctimas del conflicto como en el último gobierno. El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) recibió en los últimos 4 años más de Q500 millones. El dinero benefició a organizaciones no gubernamentales (ONG), constructoras, transportistas, productores de documentales, funcionarios y hasta músicos. Pero las verdaderas víctimas del conflicto, las que sobrevivieron a las masacres perpetradas por el Ejército, siguen igual que hace 4 años: esperando. El PNR fue creado en 2003 a sugerencia de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH). Su función es resarcir y dignificar a las personas que perdieron familiares, bienes o sufrieron en carne propia el conflicto armado guatemalteco.
El gobierno pasado consiguió que le incrementaran el presupuesto al PNR. En los pasados 4 años indemnizó a 16 mil personas con montos de entre Q20 mil y Q24 mil cada una, y emprendió 2 proyectos de vivienda. Pero a finales de 2011, la cantidad de resarcidos cayó en picada, quedaron más de 900 casas a medias o sin construir, y el programa fue denunciado por varias organizaciones sociales.
elPeriódico hizo una revisión de algunos gastos del PNR en la administración anterior. Encontró que se destinaron millones de quetzales para divulgar las actividades de sus funcionarios, para organizar encuentros de víctimas con poco aforo y altos costos, y conciertos y festivales en la capital que no beneficiaron a los damnificados del interior del país. De 558 compras ejecutadas por Sepaz en 2011, 550 fueron de forma directa; es decir, no licitaron.
En los últimos 2 años, cuando le recortaron el presupuesto al PNR, el exdirector del programa, César Dávila, se trasladó 2 veces en avioneta al interior del país. También firmó un convenio de Q3 millones con una ONG para la elaboración de materiales audiovisuales para el rescate de la memoria histórica que fueron poco difundidos. César Dávila fue el segundo director del PNR de la administración anterior. Era integrante del Comité de Organizaciones Sociales (COS), amigo de Orlando Blanco, titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), entidad de que depende el programa.
Al cuestionarle la disminución de indemnizados, Dávila explica que el PNR “se centró en el resarcimiento material y cultural”. Pero las organizaciones de víctimas critican que el programa no atendió el acompañamiento psicosocial, las exhumaciones e inhumaciones, el registro nacional de víctimas y la construcción de monumentos para honrar a los que fueron asesinados durante el conflicto.
Un ejemplo se encuentra en la aldea Copop, Nebaj, Quiché, donde se registró la primera masacre en abril de 1981. En 2008 Colom anunció un plan piloto de resarcimiento integral que costaría Q7 millones y que nunca se realizó. A Colom le presentaron otras 65 peticiones de resarcimiento colectivo y ninguna fue atendida.
Capacitaciones
El 24 de diciembre, Sepaz publicó en Guatecompras el pago de 5 capacitaciones para programas productivos de engorde de animales, por montos entre Q86 y Q89 mil. En total fueron 7, por Q618 mil. Ningun proyecto comenzó.
A la Asociación Mujeres Campesinas Qeqchíes Nuevo Horizonte le asignaron una capacitación de engorde de pollos pelucos en Salquil Grande, Nebaj, Quiché.“No se realizó ningún programa”, aseguró el aldeano Jacinto Pérez. Herlinda Coc, representante de la ONG, aseguró que la capacitación se hizo en enero de 2012, pero después dio otras fechas. En la aldea El Triunfo, Sololá, 25 viudas aprendieron a cebar
bovinos pero el proyecto tampoco inició. “Dijeron que no salió el dinero”, contó la tejedora Juana Sotz. Ninguna de las ONG había trabajado para el Estado ni opera en los lugares donde dieron las capacitaciones.
Publicidad
Para divulgar actividades y realizar documentales sobre memoria, la Sepaz y el PNR fi rmaron un convenio en 2011 por Q3 millones 250 mil con la Asociación de Comunicación Social y Desarrollo Comunitario (Acosdec). El convenio no fue publicado en Guatecompras.
Betsabé Ovando, representante legal de Acosdec, indicó que el dinero sirvió para producir 16 documentales, 4 spots y pautar en radio y televisión. Uno de los documentales, 629 masacres, aparece subido en Youtube en 2009. Acosdec cobró Q162 mil por costos administrativos y contrató a la empresa Redes y Conexiones S.A. para realizar los documentales. elPeriódico llamó a dicha empresa y la secretaria indicó que la representante es Betsabé Ovando; es decir se contrató a sí misma.
El PNR también erogó Q2 millones 900 mil para reuniones, grabación de discos, conciertos y festivales.
Las casas que no se construyeron
En 2008 el Estado se comprometió a fortalecer la restitución material. Se firmaron 2 convenios entre PNRSepaz y el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). El segundo, firmado en 2009, contaba con Q105 millones en un fideicomiso presupuestado para la construcción de 3 mil viviendas.
Las 4 ONG encargadas de gestionar el proyecto fueron: Jade Maya, Acadegua, Asodespro y Adesi, las cuales contrataron al menos a 10 constructoras. A pesar de que el contrato concluyó en diciembre de 2011, aún hay 309 casas a medio construir y 529 no fueron edificadas.
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua) presentó una denuncia en 2011 por el incumplimiento en la construcción de 35 viviendas en El Adelanto, cantón Pujujil II, Sololá. Fonapaz se excusó con que habían solicitado a la ONG la rescisión del contrato a 2 de las empresas ejecutoras de la obra: Exportadora DV, que no edificó 41 viviendas en Sololá; y Constructora Quinto, que dejó 55 sin construir.
Por el incumplimiento del convenio, en enero de 2012 el PNR y Sepaz presentaron una demanda contra Fonapaz, que dejó sin ejecutar Q29 millones.
El PNR también debía entregar 227 mausoleos y nichos, panteones y casas ceremoniales incluidos en un convenio de Q901 mil, pero solo terminó 36. Tampoco cumplió con una casa de cultura en la capital estipulada en el convenio, por un costo de Q5 millones.
Por no haber entregado las casas y los mausoleos, el PNR fue denunciado por la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) que aglutina a varias asociaciones de víctimas.
Pero con las casas entregadas también hay problemas. Casi todas presentan desperfectos, como fisuras en suelo y paredes, según una auditoría que realizó CAFCA. Las casas fueron cotizadas en Q35 mil, pero la auditoría determinó que el costo real fue de Q22 mil.
Jorge Herrera, nuevo director del PNR, anunció que han establecido dos mesas técnicas para dilucidar las responsabilidades sobre el mal manejo de los fondos del programa.
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