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    Guatemala, domingo 26 de febrero de 2012

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    DOMINGO

    Notas sobre gobiernos chambones

    Hacia 1981, dos décadas atrás, le preguntaron a don Pepe (Figueres, expresidente de Costa Rica) cómo se explicaba las recientes diferencias entre Guatemala y su país a razón del mercado común. Respondió sin vacilar: “¡Costa Rica ha estado siempre mejor administrada!” Es este el problema de mal gobierno. Como es frecuente la confusión entre Estado y gobierno digamos brevemente que el Estado es una formulación teórica muy general acerca de la manera como se utiliza el poder para asegurar el orden interno y la integración de la sociedad. Y que gobierno es la referencia al uso práctico del poder, para lograr el orden y la seguridad y la satisfacción de las finalidades del bien común en la vida diaria. Se dice frecuentemente que tenemos un Estado débil y un régimen incompetente. Pero poco se sabe de lo que caracteriza a un “gobierno chambón”.

     

    ¿Cómo se logra la eficacia en el manejo del poder cotidiano? Ella, la calidad del gobierno, está determinada por la calidad de los funcionarios que lo administran y por el apego a los reglamentos que lo establecen. Un rasgo decisivo de la crisis que vivimos en Guatemala es el mal gobierno, que se debe entender como una mala administración. No nos referimos ni a la corrupción ni al clientelismo, que son males adicionales a un desmañado y obtuso sistema de desempeñar los cargos públicos. Por lo general es la ausencia de expertos en los puntos estratégicos del manejo de determinadas funciones, donde son indispensables. Por ejemplo, el Registro Nacional de las Personas (Renap) debió ser dirigido por tres altos expertos en sistemas de información y estadística, según un programa previo. Una labor parecida, crear un documento único de identidad, necesitó siete meses para lograrlo en Bolivia (2010).

     

    Hay que advertir que la administración pública, en el capitalismo contemporáneo, es crecientemente compleja y difícil porque requiere habilidades técnicas, un ejercicio especializado entendido como el conocimiento de las variables, de las causas que determinan el funcionamiento de un problema y sus consecuencias. El conocimiento apropiado significa la explicación racional del mismo. Drohor argumenta que la dirección del Estado en el seno del sistema internacional, es cada vez más difícil porque es crecientemente técnico. Aquí, en Guatemala, se ha nombrado a médicos para que dirijan un hospital del tamaño del Roosevelt. Se ignora que hoy día existe una notable especialidad en las técnicas de organización: administración de hospitales. También hay especialidad en administración de universidades, cárceles, el deporte, etcétera.

     

    En Guatemala experimentamos más que un déficit de recursos humanos, una confusión entre lo técnico y lo político. Hay en el país excelentes profesionales que no están dispuestos al servicio público por cuestión de salarios o de compromisos políticos. Hace un par de años, un colega chileno nos preguntó en una conversación casual: ¿Cuántos economistas existen en el país que sean capaces de dirigir con eficacia el Banco Central? No alcanzamos a dar cinco nombres probados. Él aseguró que en Chile habría unos cien. No se duda que los altos puestos de dirección del Estado deben estar en manos de políticos, mejor si tienen talante de estadistas. Pero los puestos técnicos de diversos niveles deben ser dirigidos por expertos cuya especialidad es garantía de eficacia. ¿Por qué los ministros de Cultura deben ser indígenas? Eso es confundir el folclor con cultura. ¿Por qué la oficina que persigue el consumo de drogas entre maras debe ser dirigida por un militar? Eso es confundir un problema de salud pública con un delito. ¿Por qué se cree que un empresario puede ser un buen ministro de Economía?

     

    En una sociedad democrática se necesita enfrentar y resolver los problemas con urgencia y propiedad. Aun frente a las funciones menores deben estar funcionarios escogidos por sus calificaciones y experiencias, para superar el doloroso síndrome “de la ventanilla”, o sea varias horas de pie para obtener la firma de un documento… y la excusa de volver al día siguiente. La función técnico-científica se considera como política. El tormento “de la ventanilla” que solo lo padece el ciudadano pobre, ya no debiera existir; no tiene razón de ser. El fabuloso manejo de información y la digitalización de las decisiones hoy día vuelven el tradicional papeleo una cuestión de minutos.

     

    Un régimen bien administrado se mueve tras un norte preciso y cuya dirección se conoce. El peor gobierno es el que no gobierna y produce la sensación que “aquí no hay presidente”. Se dice entonces que tiene una baja legitimidad funcional.

     

    Muy pocos creen en un régimen chambón porque lo hace mal: el gobierno no cobra bien sus impuestos (el 22 por ciento se pierden con el contrabando) ni alcanza a gastar lo que tiene. El poder municipal está en crisis y con ello toda la retórica de la descentralización; un alto porcentaje de alcaldes no tiene capacidad para administrar recursos superiores a los Q3 millones anuales y hay 45 procesados por mal manejo de recursos. Según reglamentos aprobados ad hoc, cada diputado tiene derecho a 3 asesores; tanta concentración de talentos no ha asegurado hasta ahora debates calificados, iniciativas sustantivas, mejores leyes. O sea que nos equivocamos al derecho y al revés. Asesores donde no deben estar y funcionarios técnicos que no están donde debieran.

     

    Pero estamos en los albores de una buena época en la que tanta improvisación y el pago de favores políticos puedan ser superados. La mitad de la administración pública es manejo de datos, que según Big Data pueden volver cuestión de segundos ordenar la información de todo un Estado como el de Guatemala, y cuestión de minutos la toma de decisiones.

     

    La marcha de la cuantificación, dice Gary King (Harvard) puede introducir calidad a la administración pública, facilitar la vida de los ciudadanos y ordenar mejor a la comunidad. ¿Por qué los padres de familia tienen que hacer cola hasta de dos noches para inscribir a sus hijos en un instituto público? ¿Por qué se necesitan 5 meses para obtener el Documento Personal de Identificación (DPI)? Vivimos en un mundo chambón, que ahora en la era digital vuelve inmediato el pago de impuestos, la notificación judicial o la inscripción en el Registro de la Propiedad; no hacerlo así es tan absurdo como enviar el café de San Marcos en carreta hasta Puerto Barrios. El pago político ya no puede ser un nombramiento; tiene que modernizarse la administración del gobierno. El combate a la chambonería puede ser exitoso y hacer junto a ese esfuerzo, una lucha contra la corrupción y el prebendismo. Lo peor que podría suceder es adulterar los datos, ocultar información y decir todas las mañanas, mientras el funcionario toma café, que el “sistema se cayó”. Así, no salimos adelante. Estas notas no se refieren a ningún gobierno en particular; se refiere a todos.

    Edelberto Torres-Rivas

    25 febrero 2012

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