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    Guatemala, lunes 27 de febrero de 2012

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    OPINIÓN

    Primer ataque

    DINA FERNÁNDEZ

    Al fi n hacen algo por detenerlos.

    Tuvo que llegar el pelotón antimotines. Las fotografías muestran a los vendedores –y las vendedoras, siempre más aguerridas—agarrando a los policías a mazazo limpio con unos brazos que harían rabiar de envidia a Popeye.

     

    No habrá quien se atreva a defender a estas personas, a quien no se puede confundir con otros comerciantes del sector informal, como los vendedores de frutas, golosinas o nueces de marañón.

     

    Los mercachifles de celulares alrededor del Teatro Miguel Ángel Asturias funcionaban como una de las ramas comerciales del crimen organizado y por eso merecían ser desalojados, de ahí y de cualquier lugar en donde pretendan volver a las andadas.

     

    Con este primer paso, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha dado muestras de voluntad de atacar el problema. Sin embargo, vale la pena señalar que esta arremetida contra los vendedores de celulares robados no es, ni de lejos, una solución definitiva. Las autoridades solo consiguieron incautar los esqueletos de los aparatos (sin chip) y capturar a cuatro personas. (Ya lo he dicho, capturas sin investigación no sirven de mucho).

     

    El Ministro ha advertido que procederán de la misma forma con todos los bazares clandestinos de celulares robados que han proliferado a ciencia y paciencia de los gobiernos anteriores y del público, que en vez de condenarlos acude a ellos para comprar aparatos a menor precio.

     

    Es un buen gesto de las autoridades pero no basta. Solo con ver la batalla campal que montaron los delincuentes para defender su “derecho” a vender mercadería robada resulta evidente que no se amedrentarán fácilmente. Lo más probable es que se muden a otro rincón de la ciudad o que se escondan en los mercados de barrio, donde ofrecerán su mercancía en voz baja, como si fueran drogas o armas.

     

    Para que los robos de celulares dejen de ser una plaga, las autoridades deben trabajar de manera conjunta para desarticular las bandas, apresarlas, procesarlas y asegurarse de que vayan a la cárcel. No será fácil, pues se trata de organizaciones complejas, que cuentan con jefes, técnicos informáticos (los “flasheadores”), elementos operativos (los asaltantes motorizados), señuelos y una red de vendedores callejeros.

     

    Tampoco es imposible. Al fin de cuentas estos son criminales de banqueta, no mafiosos sofisticados que asaltan desde corporaciones transnacionales. Han prosperado por una razón: la inacción –y seguramente de la complicidad– de la Policía.

     

    Solo así se explica uno que exista un estudio en el cual se identifican los lugares de la ciudad donde es más probable que a uno le arrebaten el teléfono o que en los diarios se anuncien descaradamente cursos de “flasheo” para habilitar teléfonos robados. Increíble que hasta ahora veamos que se toman medidas contra ellos.

     

    Si el Ministro de Gobernación se la toma en serio, el ataque en contra de los ladrones de celulares lo llevará a las bandas de extorsionistas. Puedo apostar que ambos “negocios” están relacionados.

     

    A los guatemaltecos nos urge que la Policía atenace a este tándem criminal, los ladrones de celulares y los extorsionistas, pues causan buena parte de la zozobra en la que vivimos. El ministro López Bonilla no tiene que ir muy lejos para encontrar víctimas de estos asaltos: en el gabinete hay una viceministra a quien le han robado ¡cinco veces! el teléfono celular.

     

    Esperemos entonces que más allá de sacar a garrotazos a los vendedores de celulares robados (que sin duda lo merecían), las autoridades estén dispuestas a emprender un plan integral para desbaratar a estas mafias y ponerles las bridas legales necesarias para desincentivar ese “negocio”.

     

    Vea www.dinafernandez.com

    DINA FERNÁNDEZ

    27 febrero 2012

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