Les espanta el “qué dirán” de la comunidad internacional.
JUAN LUIS FONT
Uno lee cuanto dicen y escriben los conservadores guatemaltecos sobre el término genocidio y le queda una convicción: les escuece que el país pueda estar incluido en un listado abominable que incluye a Alemania y a Ruanda, y que debería incluir a la antigua Yugoslavia y a Turquía también. En cambio, parece indignarles menos que en Guatemala se hayan cometido por parte de fuerzas del Estado una serie de matanzas para exterminar aldeas y caseríos (51 solo en San María Nebaj), asesinatos de mujeres preñadas, extracción de fetos y traslado por la fuerza de niños de un grupo étnico a otro; los cuales son actos, les guste o no, que concurren en el tipo penal de genocidio.
Les espanta el “qué dirán” de la comunidad internacional, pero parece molestarles menos esos crímenes espeluznantes considerados entonces necesarios para mantener con vida el régimen político económico de su preferencia.
¿Cabe el rechazo tan encendido hacia el término que etiqueta al país como uno capaz de los actos más desalmados en el planeta y en cambio la relativización de esas acciones extremadamente crueles?
En todo el debate posconflicto, el término genocidio ha venido a contaminar aún más la discusión sobre la guerra. La atención se desvía hacia la carga política de la palabra y se diluye el valor de los hechos demostrables. Sin embargo, 11 expertos contratados por Naciones Unidas, tras analizar los hechos ocurridos entre 1981 y 1983 en contra de población ixil, en Quiché; Chuj y q’anjob’al, en el norte de Huehuetenango; k’iche’, en Zacualpa; y a’chí, en Rabinal, concluyeron que ahí hubo actos genocidas. No una política genocida, sino meros actos de genocidio. El que la causa de persecución no haya sido de orden étnico, sino político militar, no los libra de ser considerados actos de genocidio según la Convención Internacional para prevenir ese delito, suscrita por Guatemala en 1950. Tampoco es relevante que no haya existido una política explícita al respecto.
El rechazo al uso del término genocidio puede procurar un objetivo político nacionalista: excluir al país de un listado execrable. También puede perseguir un objetivo político legal: garantizar la impunidad de los acusados de uno de los únicos delitos imprescriptibles. Pero el riesgo consiste en que, al no haber un reconocimiento de la gravedad del crimen, al subestimar la dimensión de lo ocurrido, la lección quede sin ser aprendida.
O bien puede ser simplemente una manera muy pragmática de resolver los problemas de hoy. La idea fuerza de los conservadores parece ser: el pasado se queda tal y como está, impune, en una gaveta. Pero hacia el futuro, la promesa es de reconversión hacia la civilidad.
Hace apenas unas semanas, el Congreso pronunció una especie de Nunca Más. Al ratificar el Estatuto de Roma, Guatemala se incorpora a la Corte Penal Internacional. Una vez dentro del sistema, el país se compromete a luchar contra delitos de lesa humanidad, como los propiciados en los años 80 en el Altiplano. Y esta vez no hubo una sola voz que se alzara en contra.
La pregunta es si esa promesa, sin la admisión de lo ya ocurrido, será suficiente para librarnos del mal.
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