Vecinos de distintas colonias temen porque se registren incendios, debido a que los vendedores guardan el combustible en sus casas.
“Me da miedo que ese lugar agarre fuego y que se queme mi casa, soy una persona pobre, no sé a dónde acudir a interponer la denuncia ya que la Policía es cómplice de ellos”, expresa doña María*, vecina de la colonia Los Raguayes en la ciudad de Escuintla, donde existe peligro inminente, ya que un grupo de personas almacena diésel y gasolina que adquieren y resguardan sin adoptar medidas de precaución.
Los pilotos de transporte pesado se detienen en las carreteras y extraen diésel de los cabezales para venderlo a personas que lo ofrecen a un precio más bajo que en las gasolineras.
Agentes policiales observan que los conductores estacionan en las carreteras los vehículos para proveer a los vendedores que almacenan los combustibles en toneles. Sin embargo, no actúan.
Los precios
Los comerciantes venden entre Q120 y Q130 los 5 galones de diesel, y obtienen ganancias de entre Q15 a Q20.
Se asegura que sobornan con sumas que oscilan entre Q20 a Q25 a los agentes, cada vez que estos realizan rondas por el lugar.
Las ventas clandestinas se ubican en el kilómetro 60, jurisdicción de Escuintla, cerca de la colonia mencionada. También almacenan producto en las colonias Santa Marta, El Recreo, frente al hospital de Escuintla y otros más se ubican a la orilla de la carretera al Pacífico. Los transportistas que se convirtieron en sus clientes conocen los puntos exactos donde proveerse del combustible.
Los residentes piden a las autoridades de Gobernación que supervisen los sectores denunciados y que destituyan a los agentes policiales que incurren en estas prácticas. “Nuestras vidas corren peligro porque las casas que habitamos se encuentran cerca del combustible, en caso se origine un incendio, sería imposible apagarlo”, refiere Rafael*.
La Policía Nacional Civil Departamental justificó que en una ocasión realizaron un operativo donde decomisaron toneles con combustible, pero posteriormente apareció una persona que mostró facturas que supuestamente correspondían a la compra de los carburantes, por lo que un juez procedió a devolver el producto, sin tomar en cuenta que el lugar donde se almacena la gasolina no es apropiado y constituye un riesgo para los habitantes de sectores residenciales.
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, dijo no tener denuncias formales de este tipo de ilegalidades registradas en Escuintla, pero no descartó emprender acciones a partir de esta publicación.
“Sabemos que muchas veces los ciudadanos no denuncian porque no confían en la autoridad”, reconoció el funcionario, y pidió a los ciudadanos de ese departamento que realicen las delaciones del caso para que se ejerzan acciones contra los implicados.
“Vamos a hacer una investigación para todo el que esté involucrado, porque si los policías están pidiendo dinero para ver para otro lado, también son parte del delito y vamos a actuar”, expuso López Bonilla.
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