En julio del 2011, un grupo de intelectuales, profesionales y activistas sociales hicieron un análisis de la situación del país, afirmaron que Guatemala es una sociedad en crisis y que ello se origina en la persistencia de un modelo económico y político caracterizado por las desigualdades y la pobreza, es decir, las injusticias sociales. Declararon que los problemas que expresa dicha crisis son de naturaleza estructural y que las soluciones solo podrían ser estructurales.
Eso quiere decir que los cambios cosméticos, los parches no sirven de nada, simplemente atrasan la solución de la problemática y siguen generando conflictos sociales, como los que hemos visto en los diversos gobiernos que no han querido enfrentar la realidad y empezar a resolver los problemas de raíz a partir de proyectos y programas de mediano y largo plazo. Por ello plantean que “Toda política debe estar guiada o inspirada por la moral, por los valores de la justicia social, la búsqueda de la igualdad, el respeto mutuo, la solidaridad.
Y también plantearon la necesidad de construir un Estado moderno, fuerte para contrastarlo con el actual y que ese “Estado es fuerte en el sentido de ser eficaz en sus funciones, transparente en el cumplimiento de sus deberes, con soberanía fiscal, con autonomía frente a los grandes poderes del mercado”. Luego se refirieron a la existencia de partidos con presencia nacional, no electoreros como los actuales, sino partidos con programas de beneficio social y al mismo tiempo con organizaciones activas de los diversos sectores que sean la expresión de la sociedad civil.
Propusieron cinco puntos que podrían contribuir a que se inicie un cambio en el país, de los cuales solo tomaremos el primero, que a muchos no les gusta, pero que se hace necesario para que el país avance. “Resolver de una vez por todas la existencia de un Estado con recursos financieros suficientes para atender sus programas esenciales. En consecuencia, una reforma fiscal basada en el establecimiento de una redistribución moderna de la carga impositiva, ponerle fin al contrabando y a la corrupción, castigo por igual a los evasores y mejorar el cobro y la administración de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar de inmediato una carga tributaria sostenida del 15 por ciento”. El jueves plantearé los otros 4 puntos y ojalá que alguno de ellos sea tomado en cuenta.
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