El gobierno ha lanzado tres pactos, indicativos de sus prioridades: Hambre Cero, Pacto Fiscal y Pacto de Seguridad. Reflejan necesidades de Estado y cumplen un requisito de política democrática, pero que en el contexto en que se lanzan no serán trascendentes, salvo que estén cobijados por un pacto social de mayor alcance.
IPN-USAC Instituto de Problemas Nacionales Universidad de San Carlos
El alcance de los pactos
Los tres pactos retoman materias de gobiernos anteriores, bajo modalidades de intervención propias de la administración actual. No representan iniciativas tan ambiciosas y en algunos casos tienen indicadores para medir resultados. Un objetivo implícito de los pactos es arroparlos de legitimidad social.
Hambre Cero se propone reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica, que es del 48 por ciento, la más elevada de Latinoamérica. La intervención, basada en el suministro de micronutrientes, “consejería nutricional y promoción de conceptos básicos de higiene”, consiste en focalizar los 166 municipios con más alta desnutrición y atender 700 mil casos; ahí se localizan 34 municipios con desnutrición por arriba del 70 por ciento.
Ese pacto fue lanzado el 16 de febrero en San Juan Atitán (Huehuetenango, con desnutrición aguda del 95 por ciento) y ha seguido extendiéndose a Santiago Chimaltenango, Concepción Tutuapa y San Miguel Acatán, con desnutrición por encima del 80 por ciento. No está claro el presupuesto destinado al Pacto, cuya coordinación queda en la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricion (SESAN). El Pacto moviliza cooperación internacional y grupos civiles de diversas esferas –y jóvenes urbanos, bajo un criterio de sensibilización.
El Pacto Fiscal se ha dividido en 2 operaciones. La primera fue la aprobación, el 16 de febrero, de “urgencia nacional” y con 122 votos, de la Ley de Actualización Tributaria, negociada básicamente con las cámaras patronales. Se trata, en esencia, del consenso fiscal de 2007, y la previsión es que rinda más de Q5 millardos, insuficiente para equilibrar las finanzas. La segunda operación se oficializó el 12 de marzo con la presentación al Congreso de 3 nuevas leyes y reformas a otras 6 normas. La operación se desaceleró con la disputa de las interpelaciones y, por otro lado, ha sido blanco de críticas, exhibiendo la debilidad de la discusión social.
El Pacto de Seguridad, abierto a discusión con distintos sectores, no ha sido firmado públicamente. El proceso de diseño y concertación descansa en el Ministerio de Gobernación, que ratifica la doctrina de Seguridad Democrática (1995), diferencia los campos de seguridad ciudadana y pública, y participa de una visión territorial, con los Gobernadores como agentes activos. Los ámbitos del Pacto refieren a municipios, barrios, carreteras, transporte público, etcétera. La propuesta aún no incluye los costos ni los arreglos para su implementación y seguimiento; tampoco está incorporada la estrategia de reforma de la Policia Nacional Civil (PNC).
El futuro de los Pactos
Los tres pactos del Gobierno tienen un alcance de gobernabilidad, entendida de manera conservadora: introducen cambios leves que mejoran percepciones y condiciones mínimas, sin alterar ni predisponer al statu quo, apostando a que las iniciativas pondrán en ruta hacia la modernización en el largo plazo.
En el confort de las elites está, sin embargo, su limitación, pues las expectativas populares están en cambios profundos. El campo de la seguridad es el más ingente en zonas urbanas, y la nutrición (y el empleo) en áreas rurales deprimidas. Considerando limitaciones operacionales, de personal y recursos del aparato público, serán poco sensibles. En un escenario optimista, se detendría la ruta de deterioro, que no es poca cosa, pero lejos de los objetivos programáticos.
Las opciones de política tienen cierto sentido provisional que ayudan a administrar la crisis, no a resolverla. Pero se dibuja una tendencia del Presidente: abrazar una política internacional audaz y liberal, contestataria por momentos, y una política interna conservadora. Internacionalmente atrajo la mirada y ganó el respeto con su propuesta radical de despenalización de las drogas, que cayó en la coyuntura de revisión del consenso prohibicionista. Sin empacho ha criticado el débil compromiso de Washington en una estrategia multilateral y con naturalidad anunció la adhesión a Petrocaribe, a fin de adquirir combustible barato.
Es una paradoja de muchos gobiernos el contraste de política exterior (liberal) e interior (conservadora) cuando enfrentan localmente factores duros de poder. Ahora, la gobernabilidad no está garantizada con cierto confort de las elites, pues el movimiento social es más beligerante, además están a flor de piel potenciales detonantes de conflictividad social.
Sin una progresiva conversión del capital político internacional que ha ganado el mandatario, a favor de autonomía y capacidad de maniobra interna, es probable que las propias elites levanten críticas, sea por malas ejecuciones burocráticas, las ambiciones de negocios de algunos influyentes funcionarios y, en general, por la corrupción estructural que acaba, en todos los gobiernos, imponiendo su marca. En esa lógica cobra vigencia el escenario de una reforma política y la afirmación nacionalista, imprimiendo otra dinámica a los actores, y aflojando tensiones a la gestión cotidiana de Gobierno.
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