Justicia: terciopelo y mazo

El ejercicio de la judicatura está mal visto. Se ha devaluado, nadie reconoce imparcialidad en sus fallos, ni respeta su investidura. Por el contrario, son sospechosos de venalidad continuada. Los últimos fallos solo confirman la regla: eximir de culpa a Carlos (Guasón) de León, Torres Casanova y la fianza pecuniaria al general, acusado de genocidio, son una muestra de una lista mucho más larga de fallos altamente cuestionados. En contrario, se ceban con los dirigentes sociales, los sin cuenta bancaria, sin más poder que la organización social. Para ellos y ellas no existe conmiseración alguna. Este es el caso de los quince detenidos luego de los sucesos de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango.

Para empezar se les señala la comisión de una verdadera ensarta de delitos: robo agravado, lesiones graves, homicidio en grado de tentativa y allanamiento con agravación específica. Una letanía que los remite directamente a prisión sin beneficio alguno, además que dada la “peligrosidad” de los encartados y la posibilidad de que huestes “opositoras al desarrollo y la justicia” pretendan liberarlos, se les traslada a la zona 18 y la cárcel de mujeres de la ciudad capital. Directo al foso de castigo, acompañados de verdaderos malandrines. Vaya rasero el de la justicia. Viene a mi mente la frase de monseñor Arnulfo Romero; “La justicia es una serpiente que solo muerde los pies de los descalzos”. No me queda ninguna duda de la verdad de aquella afirmación. La justicia en estas circunstancias es una mascarada. 

Así, sin el menor pudor, los jueces y juezas exculpan a los capos de cuello blanco: son condescendientes con los guasones. Soban la leva del poder, se conmiseran del anciano general: justicia de terciopelo. Reservan la espada de la justicia, la cuerda y el cepo para indígenas y campesinos. Cumplen a cabalidad aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando”. Para el caso: los detenidos en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, son personas honorables, líderes comunitarios, dignatarios de su pueblo, defensores de derechos humanos. Carecen de antecedentes penales. Sin embargo, los denuncia una empresa española, según origen del capital y lugar a donde irán las ganancias. Es menester que con ocasión de la reforma del Estado, se emprenda la depuración del Organismo Judicial y su “reconstrucción” sobre una nueva ética y un nuevo concepto de nación.

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