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    Guatemala, sábado 30 de junio de 2012

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    OPINIÓN

    Presos políticos libertad

    Rosalinda Hernández Alarcón

    Otra demanda de las comunidades en Barillas es que el Ejército deje de patrullar.

    Hace ya dos meses del asesinato de don Andrés Francisco Miguel, de la agresión contra otros 2 campesinos, la detención ilegal de 2 mujeres y 11 hombres, el establecimiento de un Estado de Sitio por varias semanas y el mantenimiento de impunidad en ese municipio de Huehuetenango, donde una empresa española goza de todas las garantías para que su inversión tenga éxito.

     

    Transcurrido este tiempo, la agenda periodística preponderante ha relegado la información acerca de lo que están viviendo en Barillas. Los medios que en los primeros días de mayo reportaban las acciones delictivas de las “turbas” y daban pormenores que criminalizaban a las personas opositoras a la construcción de la hidroeléctrica, se olvidaron de ese municipio donde se implantó el terror militar.

     

    Después de conversar con varias lideresas de Barillas, es fácil entender cuando dicen: “aquí funcionó la mano dura”: los guardias de seguridad privados se manejan a su antojo, las decisiones comunitarias se ignoran, se desprestigia la organización social, se mantienen en prisión a varios de sus líderes, en las noches se hacen rondines militares para intimidar.

     

    Este proceso que están llevando a cabo desde que decidieron organizarse para defender su territorio es difícil, pero “estamos dispuestas a seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos, venimos a la capital porque queremos la libertad de todos nuestros compañeros”, dicen con energía varias lideresas, quienes además demandan que se vaya esa empresa española que solo busca la ganancia aun a costa de los estragos que provoca en la vida comunitaria.

     

    “A raíz de la detención ilegal de mi esposo, yo tuve un aborto; yo perdí la leche también, ahora nosotras tenemos que salir a trabajar además de atender a nuestros hijos”. Estas palabras desgarradoras no motivan lástima sino respeto, porque quienes las expresan son mujeres convencidas de la validez de su lucha.

     

    El abogado que sigue el caso de varios detenidos explica que todos los procedimientos legales han sido violados. Los líderes comunitarios fueron arrestados el 2 de mayo por personas civiles, los trasladaron a Guatemala sin haber sido escuchados, 18 días tuvieron que esperar para que les explicaran el motivo de su detención en idioma kanjobal. Los inculpan de 9 delitos, entre ellos, terrorismo, asociación ilícita, secuestro agravado, instigación a delinquir. Están ligados a proceso sin medios de prueba de los ilícitos que se les imputan. Los detenidos fueron ubicados con base en las actas de las asambleas comunitarias que levantaron para expresar su rechazo a la hidroeléctrica, es decir, su aprehensión de ninguna manera es el resultado de una investigación ni procedimientos de un debido proceso.

    Rosalinda Hernández Alarcón

    29 junio 2012

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