Falsos abogados fingían ser graduados de la Upana

Al menos cinco personas  se inscribieron como abogados y notarios con documentos adulterados de la Universidad Panamericana. La red de falsificadores operaba en Suchitepéquez; sus líderes están prófugos y aún se investiga si cometieron más fraudes.

No fueron las firmas mal copiadas las que los delataron. Nadie habría notado que las tesis presentadas eran plagiadas de otras universidades. Las estafas ante el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) habrían continuado de no ser porque los falsificadores cometieron dos descuidos: cambiaron el color usual del membrete del acta de graduación y citaron como testigo al rector de la universidad, quien ya había fallecido.

 

Los errores desvelaron una estructura que falsificaba certificaciones de graduación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Panamericana (Upana) y que había burlado al menos cinco veces los controles del colegio profesional.

 

El caso fue denunciado el 11 de agosto del año pasado ante el Ministerio Público (MP) y en la actualidad hay 7 personas sindicadas: 3 hombres y 2 mujeres que simularon graduarse de la Upana en 2011; uno que ejercía el derecho desde hacía 14 años con documentos falsos de la Universidad de San Carlos y un abogado con título legítimo. Solo dos han sido capturados y el resto está prófugo.

 

En conjunto los falsos profesionales elaboraron al menos 865 escrituras, según el archivo de protocolos del Organismo Judicial, en cuenta escrituras de compra-venta, traspaso de propiedades y celebración de matrimonios. La legalidad de estos documentos está en tela de juicio y podría quedar sin validez si los sindicados pierden el juicio.

 

Los acusados son Hugo René Gamboni Girón, Edgar Abel Castañeda Barrios, Sandra Maribel Rodríguez Solval, Kandy Brihette Reynoso Juárez y Daniel Soc Pérez. Con excepción del último, que es originario de Quiché, el resto es de Suchitepéquez. Los abogados que supuestamente encabezaban el timo son Ermi Donerick Villagrán Benitez y César Augusto Pereira Guzmán, también de Suchitepéquez.

 

La estructura que identificó el MP operaba por lo menos desde 2011 y vendía el paquete de graduación completo: incluía los certificados de aprobación del examen público y técnico, en los cuales constaba el otorgamiento de los títulos de abogado y notario, además de 10 copias empastadas de la tesis. El estudiante solo debía tramitar su inscripción en el Colegio de Abogados y acreditar su firma y sello en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de pagar por los documentos.

 

Daniel Soc, uno de los capturados, pagó Q83 mil por el paquete completo, cuenta su defensor Luis Rossi. Justifica que su cliente nunca ejerció la profesión, solo quería tener un título profesional “por orgullo”. De hecho Soc nunca registró escrituras en el archivo de protocolos, a diferencia de Gamboni, quien presentó 96, y Castañeda, 20. Reynoso y Rodríguez, las 2 mujeres, no llegaron a ejercer porque fueron descubiertas en el trámite ante la CSJ.

 

El ardid

 

El empleado de la CSJ encargado de revisar la documentación de los nuevos notarios notó que un acta de graduación de la Upana tenía membrete de letras azules, en vez de negras –como las que utiliza la Universidad– y citaba como testigo al rector Abel Antonio Girón Arévalo, quien había muerto en noviembre de 2010.

 

El engaño comenzó en el Colegio de Abogados y Notarios, donde los estudiantes debían presentar los documentos que acreditaban su graduación en la Upana.

 

El bufete de Villagrán y Pereira, ubicado en Mazatenango, Suchitepéquez, se encargaba de fabricar todo: firmas, sellos, hojas membretadas. Con letra un poco temblorosa se imitaban las firmas de la Directora del Registro y de la Secretaria General de la Universidad. Escaneaban las rúbricas del coordinador, del asesor de tesis y del decano de la facultad. A simple vista parecían firmas reales, pero al verlas de cerca se podía notar la falsificación, cuenta el rector de la Upana, Mynor Herrera, quien se adhirió al caso como parte agraviada.

 

Gretheel Miranda fue la auxiliar de la Agencia 5 de la Fiscalía Metropolitana que recibió el caso. Su investigación determinó que la Upana no participó en el fraude, que 3 de los falsos abogados nunca fueron alumnos de esa casa de estudios y 2 estuvieron inscritos en el programa de Actualización y Cierre Académico, pero no lo finalizaron. Este programa permite a los estudiantes de otras universidades con pénsum cerrado graduarse en 18 meses y su costo total es de Q25 mil 950.

 

La investigación llevó a la fiscalía a pedir la orden de captura contra Pereira y Villagrán, y contra las 5 personas a las que supuestamente proveyeron de documentos. El 2 de febrero se detuvo a Castañeda y Soc tras varios allanamientos en Mazatenango y San Antonio, Suchitepéquez.


Los artífices

 

Villagrán, supuesto egresado de la sede de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango, fue el primero de los sindicados que ejerció la abogacía en forma fraudulenta. El MP comprobó que el número de acta de graduación que presentó en 1998 ante el CANG corresponde a un médico y la que mostró en la CSJ es de una médica.

 

Daniel Soc, según su defensor, depositó los Q83 mil en la cuenta de Humberto Gamboni para obtener los documentos. Gamboni, quien también consiguió la colegiación con documentos falsos, trabajaba para Pereira y Villagrán en el bufete.

 

Villagrán y Pereira también son sindicados en un caso por despojo de propiedades en Suchitepéquez, que está en investigación.

 

El caso de la Upana le fue asignado al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, que ya abrió juicio contra los dos capturados. Para hoy está programada la audiencia de ofrecimiento de pruebas.

 

Los cargos que enfrentan los sindicados son falsedad material e ideológica, uso de documentos falsificados en forma continuada y usurpación de calidad. La condena por los primeros tres delitos es de dos a seis años de prisión. El último tiene una pena máxima de ocho años de cárcel. El Tribunal podrá dictar una sentencia que acumule los años de cada falta o unificarlos en la de más gravedad.

 

Desde febrero, el MP ha coordinado varias búsquedas para encontrar a los prófugos, pero han sido infructuosas.

 

El caso no está cerrado

 

La validez de todas las escrituras que los falsos abogados firmaron es incierta. Tan solo Villagrán registró en el Archivo de Protocolos 749 testimonios especiales. El MP le solicitó al Registro General de la Propiedad que inmovilice todos los bienes que escrituró.

 

Hasta el momento nadie, con excepción de la Upana, se ha presentado ante el MP como parte agraviada. Los clientes de los abogados fraudulentos deberán esperar a que finalice el proceso y a que el juez determine cómo debe procederse con las escrituras que elaboraron.

 

Alfredo Cabrera, presidente del Colegio de Abogados, explica que, a partir del caso de la Upana, se modificaron los requisitos para colegiarse. Desde principios de este año, por cada solicitud de colegiación que recibe, la institución delega a una persona para que corrobore la información con la Facultad de Derecho correspondiente. Antes, el Colegio daba por válidos los documentos que recibía, no los cotejaba con las bases de datos de las universidades.

 

El caso de la Upana no está cerrado. El Colegio continúa la auditoría que le permitirá determinar si únicamente burlaron sus controles cinco personas o si hay más profesionales del derecho, personas con fe pública, que ofertan sus servicios en el mercado laboral por medio de un título falso.



Francisco Rodríguez frodriguez@elperiodico.com.gt


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