La gran mayoría de la población percibe y reconoce que el Estado de Guatemala es un Estado fallido, fracasado, colapsado, que demanda una cirugía mayor. Por tanto, nadie niega a estas alturas que debemos aplicarnos en una reforma estructural del Estado, que pasa por la incorporación de reformas a la Constitución, a leyes constitucionales (Electoral, de Amparo, de Orden Público) y ordinarias (de probidad, de contrataciones, del servicio civil, del Organismo Ejecutivo, de la Contraloría, del Organismo Judicial, etcétera), así como por la modernización de sistemas y la reingeniería de procesos, apuntaladas por la desaparecida Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado (Copre), liquidada a rajatabla durante el régimen de Álvaro Colom.
Muchos han venido planteando o presentado importantes e interesantes propuestas de reformas constitucionales y legales, que no han cuajado por simple indiferencia o debido a la oposición de grupos de presión, renuentes al cambio, que defienden “intereses creados” o que se mueven como peces en el mar de la impunidad y la anarquía.
Entre quienes han propuesto reformas a la Constitución se encuentran la Asociación Guatefutura, ProReforma, la coalición Usac-URL-Asíes, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el partido Lider y el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto.
El presidente Otto Pérez, ante la necesidad de superar el actual estatus de fracaso estatal, ha iniciado un proceso de consultas en torno a un anteproyecto de reformas constitucionales, con el fin de enriquecerlo y generar una propuesta lo más consensuada posible.
Hay quienes se han interesado en aportar y proponer, pero también ha habido otros que solo se han opuesto al plan reformista, sin mayores consideraciones. Claro que toda propuesta de cambio genera tensión e incertidumbre; sin embargo, es un hecho que el Estado de Guatemala está en crisis y amerita reencauzarlo y fortalecer sus instituciones.
Ojalá que los consensos superen los disensos y que, con seriedad y responsabilidad, se avance en la “refundación” del Estado, para que este funcione como un verdadero Estado de Derecho. ¡Manos a la obra!
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