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    Guatemala, sábado 28 de julio de 2012

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    OPINIÓN

    ¿Quién determina la Constitución?

    Acisclo Valladares Molina

    ¿Quién determina las reformas?

    Se preocupaba un amable lector de que la Constitución sea un pacto de paz social, ya que por ser un pacto –y no una ley – queda  tan solo en eso, en  simple pacto. Otro lector opinaba, en la misma línea, que el problema puede resumirse así: nuestra Constitución es una Constitución Política, no jurídica.

     

    En otras palabras, en  opinión de uno y otro, se trata de un cuerpo que, en vez de leyes que deban cumplirse, contiene tan “solo”  un pacto.

     

    Ambas opiniones son muy respetables y, la verdad de las cosas, es que se sustentan en la realidad en que vivimos; pero, una y otra, están erradas.

     

    La Constitución no es ningún conjunto de buenos propósitos sino una ley, como las otras, la más alta de las leyes. Lo que contiene la Constitución  son normas jurídicas que  deben cumplirse,   producto todas, eso sí,   de un pacto, de un contrato entre las partes, contrato que, tal y como ocurre con todos los contratos, debe cumplirse: Pacta sunt servanda y si no se cumple, hacerse cumplir.

     

    Es la cultura de la impuntualidad –la cultura del incumplimiento, sin sanción,  de las obligaciones y contratos–  la que nos hace recelar de la Constitución y que no logremos comprender que los pactos, los contratos, son ley entre las partes.
    Es más, todas las leyes ordinarias deben ser la expresión misma de ese pacto de paz social en que consiste la Constitución de la República, a tal extremo que, si dejan de serlo ¡así de claro! son inconstitucionales y no merecen cumplimiento alguno, pudiendo su contradicción o tergiversación, incluso, constituir delito.

     

    Cada ley ordinaria debe ser, ni más, menos, que el más fiel  desarrollo de ese pacto celebrado.

     

    Lo que tiene la Constitución son normas de obligado cumplimiento. Se trata de la más alta de las normas;  del más alto de los pactos: Un pacto convenido,  entre todos,  y por todos, para  que la paz social sea posible.

     

    Son muchos los jueces –y este es el auténtico problema–  que no lo entienden así, o que no quieren entenderlo, y no la aplican,  aplicación que debería darse –la primera– en todas sus sentencias.

     

    La Constitución  es determinada, ¡así de claro! por quienes tienen el poder para hacerlo.

     

    En su concepción democrática,  se trata del contrato celebrado entre todos, y por todos,  los habitantes de un Estado para hacer que la paz social sea posible.

     

    En una concepción no democrática no se tratará de pacto alguno sino de decisión impuesta pero, en uno u otro caso, buscarán la paz social por medio del orden que establecen.

     

    Y lo mismo, amigo lector, se podría decir de las reformas.

     

    En dos platos, quien tiene más saliva ¡entiéndase, poder!  traga más pinol. Todos tratamos de hacer la  Constitución,  a la  medida y, de igual foma, sus reformas.

     

    ¿Quién la determina? ¿Un dictador? ¿la oligarquía? ¿Acaso un  pueblo? ¿Usted, qué opina?

    Acisclo Valladares Molina

    27 julio 2012

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