En los últimos 13 años, Guatemala ha resarcido las violaciones de los derechos de 468 víctimas del conflicto armado. Ante la aproximación de 2 sentencias que le significarían el pago de UNOS Q150 millones, el Gobierno ha decidido negarle competencia a la CIDH para que se pronuncie sobre violaciones de derechos humanos ocurridas antes de 1987.
Asier Andrés / aandres@elperiodico.com.gt
Desde la condena en 2001 por el caso conocido como “La panel blanca”, el Estado guatemalteco ha sido obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a resarcir en 12 ocasiones a víctimas del conflicto armado. En total se han desembolsado US$20.8 millones (Q162 millones al cambio actual) para compensar violaciones de los derechos de 468 personas; en promedio, Q346 mil han sido entregados a cada grupo familiar.
En la actualidad, 2 casos que podrían terminar en sentencias multimillonarias están ya en fase final: los procesos por las masacres de Río Negro y el Diario Militar. Las reparaciones que la Corte podría establecer podrían representar otros Q150 millones. Además, hay otros 85 casos activos en el Sistema Interamericano. Entre ellos se cuentan las desapariciones de la periodista Alaíde Foppa y su piloto, y la de Antonio Ciani, secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios. También figuran las masacres de Cocop, en Nebaj, Quiché, y de Estancia la Virgen, en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango.
El Gobierno ha tomado un nuevo posicionamiento para afrontar esos pagos. En una audiencia de la Corte el 20 de junio, el secretario de la Paz, Antonio Arenales, fue enfático al señalar que la administración de Otto Pérez no aceptará que la CIDH ejerza de Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) “paralelo”, con un criterio propio para determinar quiénes son las víctimas y el monto con que se les debe indemnizar.
El secretario puso el dedo en la llaga: si algo enoja al Estado sobre la CIDH es que el resarcimiento que fija para las víctimas es considerablemente superior al establecido por el PNR. Mientras que este programa paga como máximo Q44 mil por grupo familiar, en el Sistema Interamericano las cifras se multiplican por diez.
Corte versus PNR
Durante la audiencia de la Corte el 20 de junio, por las violaciones cometidas contra las comunidades de Río Negro, en Rabinal, Baja Verapaz, entre 1980 y 1982, Antonio Arenales aprovechó para lanzar un alegato contra la jurisdicción de la CIDH.
El secretario de la Paz recordó a la Corte que Guatemala aceptó su competencia en 1987, y solamente para conocer casos posteriores a esa fecha. Expuso que el Estado no puede ser condenado por denegación de justicia –que es la acusación principal de la Corte en la mayoría de los casos– ya que las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el conflicto fueron amnistiadas en 1996. Además, insistió que en Guatemala “nunca hubo genocidio” ni se pudieron producir crímenes de lesa humanidad o de guerra, porque esos delitos no existieron en el Código Penal hasta después de la firma de la Paz.
Arenales recalcó que el Estado reconoce su responsabilidad sobre los crímenes que cometió durante el conflicto, pero no está dispuesto a aceptar que la Corte le ordene cuánto pagar y a quiénes. Para eso existe el PNR. “Es incompatible con el PNR que la Corte se convierta en un mecanismo de resarcimiento paralelo para solo una parte de las víctimas, que además rebasa la capacidad financiera del Estado. Las presuntas víctimas de Río Negro, instigadas por organizaciones de derechos humanos, rechazaron el PNR para acudir a la Corte”, criticó.
En entrevista con ‘elPeriódico’, Arenales no escondió que tratará de evitar que el Estado pague más sentencias de la Corte. El secretario explicó que solicitó la opinión de la Procuraduría General de la Nación y de la Corte de Constitucionalidad (CC) para aclarar hasta dónde alcanza la competencia de la CIDH y la amnistía de 1996. “Si tengo la certeza jurídica, puedo desconocer la sentencia”, explicó. En ese caso, –puntualizó Arenales– Guatemala no dejaría a las víctimas sin resarcimiento, solo que se realizaría bajo las reglas del PNR.
Política de Estado
La actual posición del Gobierno no es una novedad. El Estado siempre ha tratado de evadir de una u otra forma las sentencias de la Corte. Para ello ha promovido acuerdos amistosos con las víctimas en busca de que la CIDH no sea la que establezca el monto del resarcimiento. A cambio de una indemnización, normalmente más baja que la que impondría la Corte, el Gobierno se ha comprometido a hacer caminar el proceso en la justicia nacional. Pero solo en dos casos, las desapariciones de Florencio Chitay y Fernando García, se ha hecho efectivos.
Otra estrategia fallida del Estado ha sido argumentar ante la CIDH que no se habían agotado los recursos en la justicia nacional y que, por tanto, la Corte no podía intervenir.
En el proceso por la masacre de Dos Erres, en 2008, Guatemala, incluso, rechazó la competencia de la Corte con el argumento de que los hechos habían ocurrido antes de 1987, como hizo Arenales en junio. Los magistrados rechazaron el alegato. Establecieron que no se estaba juzgando la masacre en sí misma, si no la denegación “continuada” de justicia con la que se castigó a los sobrevivientes desde 1994, cuando comenzó el proceso en Petén, y la vulneración del derecho a la identidad de 2 niños secuestrados durante la matanza que fueron adoptados ilegalmente por soldados.
Sin embargo, hasta ahora Guatemala no había planteado de manera tan frontal su oposición a la jurisdicción de la CIDH.
Arenales sabía que su intervención en la audiencia de Río Negro estaba fuera de lugar: ni era el momento de cuestionar la competencia de la Corte, ni era el lugar para realizar un análisis de la amnistía de 1996 ni existía la necesidad de negar la existencia de genocidio. Sin embargo, quiso dejar patente la nueva “posición de Estado”, como explicó en la entrevista a ‘elPeriódico’.
“Si quieres justicia, no firmes”
Las anteriores autoridades se limitaron a cumplir con las sentencias. Aumentaron el presupuesto de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, dedicada a pagar las reparaciones en el Sistema Interamericano, al tiempo que disminuían el del PNR. En 2010 y 2011 se gastó más en pagar sentencias, Q103 millones, que en ofrecer resarcimientos: Q92 millones. En 2010, por ejemplo, de un presupuesto inicial de Q200 millones, el PNR acabó ejecutando Q37 millones.
La propuesta de Antonio Arenales es la opuesta: fortalecer el PNR, pagar menos a las víctimas que en la CIDH, pero convertir el resarcimiento en una política pública.
Según expuso el funcionario, desde 2009 las organizaciones de derechos humanos han comenzado a cuestionar el alcance de la amnistía, por ello es pertinente que la CC se pronuncie cuanto antes. Pero en su opinión todo está claro y fue pactado en los Acuerdos de Paz: los crímenes cometidos por Ejército y la insurgencia durante el conflicto ya fueron aministiados. “¿Por qué se estableció una Comisión de la Verdad sin efectos jurídicos? Porque existía el entendido de que se ofrecía verdad a cambio de justicia; sino, nadie habría colaborado ni existirían los Acuerdos de Paz”, explicó.
Los argumentos de Arenales no alcanzan para satisfacer a quienes han encontrado en la CIDH su única posibilidad de justicia, después de ver por años sus procesos estancados en los tribunales o en las fiscalías guatemaltecas.
Edgar Pérez, abogado en los casos de Dos Erres y Río Negro, expone que, aunque el Estado quiere reducir las peticiones al resarcimiento, lo que primordialmente buscan las víctimas es la sentencia como reparación.
“En 2000 nosotros firmamos un acuerdo de solución amistosa en el caso de Dos Erres. El Estado se comprometió a que el caso avanzara en la justicia nacional y nosotros negociamos un resarcimiento. Seis años después tuvimos que romper el acuerdo porque la justicia no avanzaba. Ahí aprendimos la lección: si quieres justicia no firmes, porque el Estado solo espera que te quedes con el cheque y te olvides”, explica el abogado.
Pérez ha trabajado para Famdegua, una de las organizaciones que junto con la Fundación Myrna Mack, el Grupo de Apoyo Mutuo y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos ha promovido casos ante la CIDH.
El abogado asegura que en el caso Río Negro estuvieron predispuestos a negociar, pero solo pidieron algo a cambio: “un intento serio” de detener al coronel José Antonio Solares, prófugo desde 2004 y acusado por la justicia nacional de ser el autor intelectual de las masacres. Sin embargo, según Pérez, el Estado no estuvo dispuesto.
Narcisa Corazón, una de las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez, tenía 14 años cuando vio morir a toda su familia hace 30 años. En 2004 fue resarcida con US$25 mil luego de una sentencia de la Corte. Para ella, la indemnización fue solo un “pequeña ayuda”, lo importante fue la sentencia, pero la justicia que espera, reconoce, solo llegará el día que vea en prisión al general Efraín Ríos Montt.
Sergio Castro, del Centro de Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas no esconde que el resarcimiento económico es una de las motivaciones principales de las víctimas. “La gente sabe que llevar el caso a la Corte toma más tiempo, pero el resultado es mejor y de más calidad. También saben que ahí se puede negociar con el Estado un acuerdo mejor que las condiciones que ofrece el PNR”, argumenta.
En la experiencia de Pérez, en cambio, aun en los casos de las víctimas “más radicales”, lo que más pesa es la verdad: saber en dónde están sus familiares y qué les pasó.
Eso es lo que busca Julio Solórzano, hijo de la desaparecida Alaíde Foppa, al acudir a la Corte. Para él, una sentencia ejercería “presión política” para que en Guatemala “se abran espacios de conocimiento de la verdad” y, en último término, de justicia.
El secretario Arenales responde con una pregunta a ese planteamiento: “¿Se han preguntado las víctimas si la verdad y la justicia son compatibles, si se pueden alcanzar ambas?”.
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