Los ataques del Ejército son sustituidos por hidroeléctricas.
Mientras leo la sistematización del Primer Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado Interno, realizado el 4 y 5 de marzo de 2010, en Guatemala –y que se presentará el 2 de agosto a las 6:30 pm en el Hotel Royal Palace– también concluyo una gira por comunidades del norte, que inicié el 2 de julio y con leves descansos finalicé el pasado 27. Combinando la lectura con la cruel realidad revisitada, saltan a mi escritorio elementos que busco atrapar y plasmar en este texto.
Primero, mientras en la capital –con severa ignorancia– la mayoría urbana desprecia y deslegitima la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera (1996), la realidad y el libro testifican que para la ruralidad indígena significó lo contrario, pues el Acuerdo les garantizó el cese a la tortura física y emocional, a la servidumbre obligatoria y a las violaciones sexuales de mujeres de diferentes edades cometidas por el Ejército. Además, permitió a las comunidades negociar el retorno a los territorios, de donde fueron echados a plomo y sangre.
Segundo, el Acuerdo puso fin legalmente a un conflicto armado y a las violaciones que propició, esto fue un paso clave, pero no significó una transformación sustantiva de la realidad psicológica y económica de las comunidades, especialmente de la vida de las mujeres. Las comunidades lejanas que enfrentaron el conflicto están hoy en 2012, igual o más pobres que cuando empezó en 1960. Con el agravante que la guerra provocó fracturas difíciles de sanar en los sobrevivientes por la masacre de familiares, desaparecimientos, torturas, violación de mujeres, robo de niños y enfrentamientos entre quienes reclutó el Ejército y viven en las comunidades, y entre quienes buscan justicia ante las violaciones individuales y colectivas.
Y tercero, las comunidades y las mujeres no han dejado de vivir entre el temor y la angustia de ser nuevamente desplazadas de sus territorios, dado que el Estado les enmaraña la obtención de la certeza jurídica de sus tierras. Finalmente, los ataques del Ejército ahora son sustituidos por el rápido avance, en sus territorios, de proyectos extractivistas, hidroeléctricas y monocultivos que modifican sus vidas.
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