Un contrato suscrito a escondidas
JUAN LUIS FONT
En secreto, sin realizar concurso ni ventilar los cálculos o debatir las condiciones de la operación, el gobierno de Otto Pérez Molina ha comprometido uno de los activos más importantes del Estado. Alcanzó con una sociedad recién creada en el país para representar a una firma española, cuyo capital inicial es de Q5 mil, un arreglo cuestionable. Por ejemplo, si la firma beneficiaria, que se servirá de aguas e infraestructura nacionales, daña las instalaciones del actual Puerto Quetzal en la construcción de la nueva terminal, solo tendrá que ofrecer disculpas.
El Presidente dice que todo lo mantuvo en secreto en consideración a los representantes de la empresa. Tuvo más consideración con ellos que con los contribuyentes a quienes pertenece el Puerto. El interventor dice que procuraron evitar el circo político del Congreso. Bonita manera de justificar una privatización solapada y redituable.
Solo nos hemos enterado los guatemaltecos que se ha entregado el Puerto Quetzal cuando ya se encuentra consumado. Y ha tenido que ser la oposición la que desvele el negocio oculto. ¿Hay socios locales de este arreglo fabuloso con los españoles? ¿Quiénes son? ¿Qué vínculos tienen con el Gobierno? ¿Quién podrá investigar la eventual huella del dinero? ¿Una IVE a la medida del Ejecutivo?
El subinterventor, con mandato temporal, ha comprometido un bien nacional por 25 años prorrogables. Esto es, por mucho más tiempo que el que ocupará su cargo.
Las condiciones del acuerdo hacen pensar que la vieja terminal del Puerto Quetzal quedará pronto en desuso en beneficio de la nueva, que habrá de estar lista en cinco años cuando el gobierno de Pérez Molina ya sea historia. Esa nueva terminal previsiblemente atraerá más carga. A quienes la operen les quedarán los réditos incrementales de un puerto que en estos momentos obtiene ingresos por US$150 millones al año. Y es rentable. Tanto, que se discute si pudo haber financiado con sus propios recursos, sin endeudarse ni comprometer su solidez financiera, la nuevas instalaciones para rentabilizarlas en su beneficio. Pero el Gobierno encuentra que es preferible conceder esa oportunidad a particulares.
Hablamos de un Gobierno que se ha hecho de la vista gorda frente a la corrupción de sus integrantes. Que decide un día cualquiera sustituir al Superintendente de Bancos y acepta gracioso la renuncia de la insumisa Intendente de Verificación Especial.
Es ese el Gobierno que justifica la negociación realizada en secreto y a dedo, amparado en el socorrido argumento de que resulta imposible modernizar el puerto de otra manera por la existencia de poderosas mafias en su interior.
Bonita manera de claudicar ante esas mafias (el Gobierno del carácter se declara incapaz de afrontarlas), con rentabilidad de por medio.
La confianza entre gobernantes y gobernados se gana. No en las urnas sino en el poder. Y con acciones como esta el gobierno de Pérez Molina entierra la que aún inspiraba.
Vamos a una larga batalla legal por conseguir la declaratoria de lesividad de un contrato suscrito a escondidas.
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