El proyecto del gobierno uruguayo de legalizar la producción y venta de la marihuana, con la meta de hacer frente al narcotráfico, está desde este jueves en manos del Parlamento, donde aún no está garantizado el respaldo oficialista y ya se anticipa un duro debate.
AFP
El proyecto -que consta de un único artículo- fue enviado en la noche del miércoles al Poder Legislativo, donde la semana próxima pasaría a ser estudiado por la Comisión de drogas y adicciones.
Según el texto, "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción y adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana o sus derivados".
Para eso, el Estado "ejercerá toda otra actividad material que resulte necesaria, previa, concomitante y posterior".
El proyecto no modifica la prohibición vigente del comercio de marihuana entre particulares y sostiene que se desarrollará en "el marco de una política de reducción de daños" que "alerte" a los ciudadanos sobre los efectos nocivos del consumo de la droga.
El proyecto "no es para propiciar la expansión de un consumo, es para limitarlo a los que están afectados y que no queden en manos del narcotráfico", señaló el mandatario uruguayo, José Mujica, a periodistas.
Cómo la droga será producida y vendida, si se ofrecerá en cigarrillos o a granel, si será el Estado el que plantará el cannabis o si habrá una producción tercerizada, son los principales aspectos que generaron fuertes debates luego que el plan fuera anunciado en junio y todavía quedan sujetos a la reglamentación posterior por parte del Ejecutivo.
El gobierno uruguayo enmarca el plan en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas -integrada por los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardozo, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros- que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado.
Asegura además que la propuesta no se opone a ninguna normativa internacional y recuerda que las políticas antidrogas han implicado gastar millones de dólares, han inundado las cárceles, desbordado los sistemas judiciales, originado un negocio ilegal millonario, al tiempo que no impidieron que el consumo se expandiera.
Según el gobierno, solo en Uruguay el narcotráfico moviliza entre 30 y 40 millones de dólares anuales.
Entre los objetivos del proyecto de ley está "la separación del mercado de la marihuana del mercado de las otras drogas", toxicológicamente más riesgosas, y la "inclusión social plena" de su uso.
Para Mujica es esencial que si se aprueba la legalización, se asegure el "control estricto".
La medida debe dosificar "al consumidor hoy para que no caiga en manos de un tráfico infame, pero no lo estoy incentivando, tengo que estudiar que el hombre no se pase de la raya y caiga en una verdadera enfermedad grave", sostuvo.
Además el control es fundamental para evitar el "contrabando hacia afuera" de Uruguay, añadió el presidente.
- "Mucho trabajo por delante" -
Pese a que el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) tiene una ajustada mayoría parlamentaria, algunos de sus legisladores se han manifestado contrarios a la iniciativa, mientras que quienes la respaldan ya anunciaron que seguramente el proyecto será modificado.
"Creo que este proyecto también tiene que incluir medidas para trabajar por la reducción del consumo problemático de marihuana, lo que no es incompatible con la regulación", dijo a la AFP el diputado del FA Julio Bango, integrante de la comisión de adicciones.
La propuesta también debería incluir las políticas aplicadas al tabaco, como la prohibición de fumar en lugares públicos, añadió.
"Hay que estudiar a fondo (el proyecto del gobierno), aprovechar la oportunidad para dar un debate a fondo en la sociedad uruguaya sin prejuicios", aseguró Bango, vaticinando que tras el debate parlamentario el texto "va a tener más de un artículo".
Aunque habrá "mucho trabajo por delante", confió en que la Cámara de Diputados pueda votar el proyecto antes de fin de año, tras lo cual pasaría al Senado.
Bango espera además que los legisladores de la oposición que respaldaban el autocultivo de cannabis apoyen este proyecto.
Actualmente, el consumo y la tenencia para uso personal de marihuana no están penalizados en Uruguay, aunque sí la comercialización. Se estima que unas 20.000 personas consumen habitualmente marihuana, en 3,2 millones de habitantes.
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