Hay indicios de que Guatemala está cerrando un ciclo de su evolución económica y política. Como hace 30 años, la crisis corre por cauces independientes pero tiende a confluir en una crisis de Estado que obligará a replantear el patrón de crecimiento económico, el régimen político y la institucionalidad del Estado.
Como en la travesía de una “tormenta perfecta”, la crisis mayor es la disfuncionalidad institucional del Estado que se manifiesta en una pérdida del control de la seguridad en el territorio. Las instituciones básicas de la seguridad (Policía, cárceles) están colapsadas y el sistema en general (MP, tribunales, Migración, aduanas, puertos y aeropuertos), es poroso ante el poder corruptor del crimen organizado.
Pero la pérdida de control, además de ser institucional y de áreas estratégicas, se extiende a las calles, residencias, centros de trabajo y de recreación. No existe un lugar seguro para la ciudadanía. Guatemala es considerado por los grandes centros de poder como “un caso perdido”, fuente de riesgo internacional, que debe ser crecientemente intervenido a fin de evitar que caiga enteramente en manos de criminales y mafias transnacionales. A diferencia de hace 30 años, la amenaza de seguridad contra el Estado no es para implantar otro orden; esta vez es una amenaza que aprovecha y profundiza las debilidades estatales.
La crisis del Estado refleja, a la vez, una crisis del pacto político de 1985, que se resume en la Constitución Política de la República, aunque las elites aún no lo perciban. Cualquier salida del problema de estatalidad pasará por un nuevo pacto político.
La Constitución de 1985 expresó básicamente tres intereses: el del Ejército y su tutelaje sobre las instituciones del Estado durante la transición democrática (que concluyó con los Acuerdos de Paz en 1996); el de los empresarios y su defensa a ultranza de la propiedad privada y la salvaguarda para no pagar tributos al Estado, y el de los partidos políticos, tradicionalmente en la oposición y víctimas de fraudes y represiones, que plasmaron cláusulas garantistas de los derechos humanos y normas en contra de cualquier forma de perpetuación en el poder (no reelección de Presidentes, prohibición de que familiares sucedan al gobernante en el mando, de que se postulen antiguos líderes golpistas y otros).
Ese programa no recogió los intereses e idearios de los pueblos indígenas, y de otros actores sociales y económicos (empresarios emergentes del interior del país, trabajadores informales y migrantes) que ahora son relevantes. Y, por otro lado, en varios sentidos (seguridad, fiscal, formas de hacer negocios y competencia comercial, regionalización interna y globalización, pignoración del presupuesto) el pacto político quedó rebasado.
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