Piden al Ministerio Público y a Gobernación que investiguen, en lugar de generalizar señalamientos de supuesta corrupción de líderes de asentamientos.
Líderes de áreas marginales llegaron frente al Palacio Nacional de la Cultura este miércoles para exigirle al Gobierno la implementación la Ley de Vivienda, que fue aprobada el 9 de febrero de este año, y desmentir las declaraciones del ministro Mauricio López Bonilla, quien los señaló de corrupción.
Roli Escobar, representante de la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala (Conapam), explicó que piden se realicen acciones con base a la ley aprobada y que López Bonilla generalizó señalamientos que corresponde a grupos específicos.
Escobar mencionó que han identificado al menos 3 estructuras que operan a pesar que existe una ley, se benefician de la necesidad de las personas por una vivienda, y les cobran entre Q3 mil y Q6 mil por asesorarlos.
“Esto es más que una estafa, Gobernación y el Ministerio Público tienen que investigar”, asegura el dirigente y representante de 10 mil familias afiliadas a Conapam, que incluye a los 250 hogares del asentamiento Jacobo Arbenz Guzmán, que fueron desalojadas el 13 de agosto, durante la llegada del marchista Erick Barrondo.
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