Inflación regulatoria

Mientras la población se encuentra inmersa en la inseguridad y la total indefensión, el Gobierno, los diputados y las comunas se dan a la tarea de seguir emitiendo nuevas disposiciones normativas.

En Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás), pero que solo existen en el papel, porque la pura verdad es que no hay instituciones sólidas y confiables que las hagan valer.

No es por medio de la emisión de nuevas disposiciones que se va a resolver la altísima conflictividad en la cual nos encontramos sumidos. Lo que se necesita es que exista verdadera voluntad política para fortalecer y hacer funcionar las instituciones, con una visión estructural y de largo plazo.

Y la voluntad política se expresa, en primer lugar, por medio de destinar el grueso de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de seguridad y justicia de la población. Todo lo demás debería estar subordinado a esta principalísima prioridad. Y no puede asumirse que existe voluntad política de afrontar con responsabilidad los temas de justicia y seguridad cuando, en vez de destinar más recursos a las instituciones del sector justicia (Organismo Judicial, Ministerio Público, Inacif, Instituto de la Defensa Pública Penal), se limitan o sustraen los escasos recursos con que cuentan las mismas para emplearlos en otros menesteres, porque así se le da la gana a los politiqueros.

La emisión de decretos o acuerdos tampoco son la varita mágica que resuelve los problemas, ya que si así fuera, entonces por medio de un plumazo podríamos acabar con la pobreza o ponerle fin a la violencia. Por cierto, la gran mayoría de regulaciones en nuestro país es buena, pero lo que hace falta es que las normas se cumplan y apliquen.

No necesitamos más regulaciones (salvo las que tengan por objetivo fortalecer las instituciones), sino que se hagan valer. ¡Basta ya de legislar! ¡Basta ya de seguir con la locura de emitir más y más disposiciones nuevas! En lo que debemos atarearnos es en que se observen.

La inflación de leyes es tal en nuestro país que todo está sobrerregulado y hasta excesivamente regulado. Más bien, en vez de más leyes deberíamos suprimir una buena parte de las que están vigentes, pero que son antieconómicas, obsoletas, obstruccionistas, inaplicables, contradictorias, complejas y demás.

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