Hasta ahora hay 202 solicitudes de políticos, empresarios y testaferros que van desde los Q750 hasta los Q10 millones.
El Presidente pidió a la Secretaría General de la Presidencia que estudiara los 202 casos de empresarios, políticos y testaferros. “El estudio de cada caso se hace, la recomendación y el criterio del Presidente ahora es que no se den”, afirma el secretario general, Gustavo Martínez.
La lista de solicitudes es encabezada por Café Especial S.A. una empresa con sede en Esquipulas, pero la operadora identifica las oficinas como las de Predinsa una editorial de libros de texto. Héctor Villeda Pacheco, el representante legal dijo que no emitiría opinión sobre el tema.
Carlos Gabriel Guerra, representante de Constructora del Atlántico, hizo 2 solicitudes por Q897 mil 693.39. Esa compañía recibió contratos por Q246.2 millones desde 2004 y por Q94.8 millones en 2012 del Ministerio de Comunicaciones, el Infom y el Fonapaz. La Constructora Petén, propiedad de José Rodolfo Guerra, padre de Carlos Guerra, pidió una exoneración por Q641 mil 100. De 2004 a la fecha se le han adjudicado Q217.4 millones y este año por Q21.9 millones de las comunas de San Andrés y San Francisco Petén. En tanto que Jorge Hugo Guerra Romero, representante de Transporte Combustible Guerra, tramitó una exoneración por Q2 millones 486 mil 152.12.
El informe de la consultoría Insight Crime Grupos de Poder en Petén: territorio política y negocios, publicado en julio de 2011, vincula a la familia Guerra y las constructoras con diputados del departamento de Petén, alcaldes de la localidad y la familia Mendoza como parte de “una red criminal”. No obstante, Guerra Villeda niega esos señalamientos: “Mi papá tiene más de 25 años de trabajar en sus empresas. Esos señalamientos no tienen fundamento, pero solo buscan cómo atacarlo a uno”, responde.
Agrega que cuentan con las solvencias fiscales respectivas. “Los contadores tratan de hacer todo bien, pero siempre hay errores”, aclara. Esas multas provienen de rectificaciones, agrega.
Otra de las solicitudes hechas es de las bodegas Kress Ponce, cuyo representante es Rudy Alejandro Kress, sobrino de la esposa del diputado Juan Ramón Ponce Guay. El monto es por Q7 millones. La empresa se dedica al almacenamiento y la venta de cardamomo. El legislador rechaza cualquier relación comercial.
Carlos Enrique Meléndez, depositario y síndico de la quiebra del Banco Promotor, pidió exoneración por Q475 mil 516.7.
No falta quien estando inhabilitado, según el portal de Guatecompras, busque el favor presidencial. Adolfo Ríos Recinos hizo una solicitud de exoneración por Q1 millón 490 mil 689.33, aunque el sistema refleja que tiene pendiente el proceso No. 142 -2012 en el Juzgado de lo Económico Coactivo.
Un canal de presión política
En el intento de reforma constitucional de 1999 se incluyó la propuesta de eliminar esa potestad del Presidente de exonerar de las multas, pero no fue aprobada. Esta vez, como el tema fiscal quedó fuera de las reformas a la Carta Magna, nuevamente el punto quedó excluido. “Se vuelve un canal de presión política al Presidente. Mientras exista la disposición constitucional, el mandatario continúa expuesto”, advierte Ricardo Barrientos, del Icefi.
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