Miles de casos entran al sistema de justicia y cientos salen. En el medio se quedan muchos esperando que algún día alguien vuelva la vista a ellos. En este reportaje mostramos el recorrido que sigue una denuncia desde que ingresa hasta que encuentra una salida que, solo en el 7 por ciento de los casos, es la sentencia. Pero que no se llegue a sentencia no significa necesariamente que no se consiga justicia.
MARTA SANDOVAL msandoval@elperiodico.com.gt
Que en Guatemala hay un 99 por ciento de impunidad se ha vuelto un reproche difundido incontables veces. Lo dijo el excomisionado Carlos Castresana en España, lo escribió el Informe de Desarrollo Humano de 2010 y muchas organizaciones lo han repetido. No son pocos los guatemaltecos que se sienten desconsolados; vivir en un país donde solo uno de cada cien crímenes consigue castigo no es fácil. Pero hay quienes cuestionan la cifra, aunque no dudan de que la impunidad es alta, no creen que sea tan contundente como un 99 y piden que las afirmaciones se sustenten con datos. “Si esos números son reales y con el 1 por ciento de los casos tienen todas las prisiones saturadas qué harían con el 10 por ciento” dice Alberto Binder, asesor del Centro de Justicia de las Américas de la OEA, “habría que dejar de construir escuelas y carreteras para crear cárceles”. Actualmente en Guatemala hay 14 mil 370 personas en prisión. Si en verdad tenemos un 99 por ciento de impunidad eso quiere decir que deberían estar presos más de un millón de guatemaltecos, algo así como todos los habitantes de la ciudad de Guatemala.
Medir la impunidad no es sencillo, de hecho es prácticamente imposible si tomamos en cuenta que muchos de los delitos no se denuncian, la gente los sufre en silencio y el sistema de justicia jamás los conocerá. Pero es posible aproximarse a los datos estadísticos para conocer qué pasa con las denuncias que sí llegan, cuántas consiguen justicia, cuántas mueren y cuántas quedan irreparablemente en coma, esperando que algún día alguien las resucite. Eso intentamos en este texto, descubrir que tan cerca estamos de ese 99 por ciento.
Las 300 mil quejas del MP
En Guatemala hay cientos de sitios para llevar a cabo el crimen perfecto. De hecho hay 278 municipios donde las posibilidades de que se esclarezca un asesinato son menores, porque el Ministerio Público solo cubre 56 municipios. Si un delincuente asesina a alguien en alguno de esos pueblos a donde el MP no llega, las probabilidades de que se salga con la suya aumentan. La escena del crimen la revisará un Juez de Paz -que en algunos casos es bachiller y no tiene ni materiales ni seguridad- no habrá por lo tanto equipo forense especializado y las pruebas podrían nunca descubrirse. A veces los expertos del MP se mueven, pero otra veces no. Durante 2010 hubo 12 mil 880 homicidios, sin embargo el MP solo levantó 4 mil 685 cadáveres. La mayoría –8 mil 195 muertos– fueron retirados por un Juez de Paz. “La justicia es como la serpiente, pica al descalzo” dice la analista Eleonora Muralles, citando a Monseñor Romero. El hecho de que no haya forenses expertos en todas partes es uno de los signos estructurales de impunidad.
Durante 2010 el MP recibió 377 mil 865 denuncias. El primer paso para gestionarlas es filtrar aquellas que no constituyen delito o en las que no se puede proceder, y desestimarlas. Es común que la gente llegue a denunciar que ha extraviado el celular o que algún vecino quiere hacerle daño, aunque nunca lo haya amenazado; ese tipo de quejas se desestima porque no hay ningún delito que perseguir. En 2010 el MP recibió 13 mil 124 denuncias de este tipo. También caen denuncias de personas desaparecidas que no eran más que jóvenes que huían de casa y volvían a los pocos días; hubo de estos 5 mil 374 casos. Otras denuncias que se desestiman son las que no competen al MP como deudas o impagos. Cuando una víctima retira la denuncia también. En total ese año se desestimaron 95 mil 133.
El MP puede desestimar cuando se trata de delitos menores, cuya pena no sobrepase los cinco años de prisión. Cuando hay denuncias más graves pero que de igual forma no constituyen delito –por ejemplo, hay un hombre muerto en la calle, pero el médico confirma que no fue asesinado, sino que murió por alcoholismo- el MP tiene que pedir autorización a un juez para desestimar la denuncia.
Entonces, quitando las desestimadas, quedan 282 mil 732. Después el fiscal empieza la investigación y descubre que en muchas no hay forma de individualizar al delincuente: robos de celulares en la calle, donde ninguna cámara captó el hecho y en realidad la víctima, más que una investigación lo que quería era una constancia de denuncia para utilizar un seguro o recuperar su línea telefónica. En esos casos archiva la denuncia y puede reabrirla si más adelante encuentra algún camino. En 2010 se archivaron 18 mil 397. En estos dos procesos –archivo y desestimación- se quedó un 30 por ciento de todas las ingresadas.
Otras fueron trasladas a Juzgados de Paz porque eran faltas que se solucionarían mejor allí: 4 mil 252. Si la víctima se retracta o llega a un acuerdo extrajudicial con el victimario entonces el caso queda sobreseído, así se resolvieron 4 mil 764 quejas.
Con las que quedan –y no son graves- el fiscal buscará alguna solución alterna. Así se consiguió arreglar 25 mil 624 con procesos como el criterio de oportunidad, la conversión y la suspensión condicional de la persecución; otras son trasladadas al Organismo Judicial para que sigan allí su proceso en debate. Después de esta depuración quedaron 224 mil 088, el 59 por ciento, sin solución. Ese es el porcentaje de impunidad. O mejor dicho ese sería si aceptamos una denuncia archivada o desestimada como solucionada. Para algunos analistas la desestimación y el archivo son también impunidad. Siendo así, el porcentaje de impunidad sube a 93.
Desestimación e impunidad
“Si analizamos la gestión de casos en el MP vamos a encontrar que allí hay mecanismos propios de impunidad y hay desnaturalización de salidas procesales”, dice Carmen Aída Ibarra del movimiento Projusticia; “se desestima porque el fiscal no puede seguir adelante con el caso porque no hay más elementos, o porque la víctima no se presenta más a las citaciones, o los testigos no dan más elementos. Al haber una pésima investigación prefieren archivar el caso o desestimarlo y con eso a la víctima le están diciendo: sí, efectivamente, a usted la violaron, le robaron, pero no sabemos quién lo hizo y no vamos a hacer nada” agrega.
La desestimación es la salida más frecuente que tienen las denuncias en el MP, pero a criterio de Alejandro Rodríguez, secretario de política criminal del MP, no hay que alarmarse por eso, “en Chile hay un 75 por ciento y en Costa Rica un 64” asegura, “entran muchas denuncias como estafas, contratos civiles, muertes clínicas y otra serie de situaciones que hay que desestimar porque, o no son delitos, o no competen al MP” explica.
“Hay que ver qué significan esas desestimaciones” comenta Binder, un jurista argentino que trabajó en la creación de nuestro Código Procesal Penal, “habría que sentarse a estudiar la práctica en detalle. Hay muchos sistemas que tienen porcentajes altos de desestimación pero eso no está expresando la calidad del sistema. Puede haber desestimaciones correctas como cuando la víctima regresa a los dos o tres días y dice que no quiere continuar, que ya se arregló con el otro, entonces no vale la pena seguir echando leña al fuego, y se desestima. Pero hay también desestimaciones de muy mala calidad, por ejemplo hubo un tiempo en que en muchos países latinoamericanos se desestimaba toda denuncia de mujeres que alegaban maltrato de sus maridos. Realmente la desestimación es una etiqueta que se pone y dice poco”.
No existen mayores datos de las razones por las que se desestima en el Ministerio Público, la ley les autoriza hacerlo cuando no existe delito, la víctima retira la acusación o no se puede proceder. En su informe de labores el MP da cuenta de que desestimó –o solicitó desestimación a un juez- 18 mil 498 casos porque no eran delito, del resto de desestimaciones 76 mil 635 no hay mayor información y haría falta un trabajo casi arqueológico para descubrir en cuántas ocasiones fue la víctima la que lo solicitó y en cuántas no se pudo proceder.
“La actual administración, hasta donde entiendo, tiene el criterio de considerar la desestimación como un caso resuelto y eso no es así”, opina Ibarra. “Una desestimación no es un caso resuelto, a la víctima se le está diciendo que no sabemos qué pasó. Efectivamente hay casos que no son delito y en ese sentido la desestimación está bien. Pero hay casos de violación que han sido desestimados; no he hecho monitoreo en los últimos dos años, pero antes encontramos en la Fiscalía de Delitos contra la Mujer desestimaciones y archivos después de haber hecho solo una diligencia. Quiere decir que solo escucharon a la víctima o quizá entrevistaron a un testigo y solo con eso lo desestimaron”.
“Por supuesto que hay gente que denuncia cosas que no son delito, pero no es la mayoría. Nosotros lo tomamos como impunidad porque habría que ver si es razonable o no” explica Muralles de FADS. “Muchas veces son salidas arbitrarias porque no llegan a hacer todas las diligencias necesarias para desestimar”.
La impunidad es difícil de medir y los números pueden arrojar información falsa. Por ejemplo, la Policía atrapa a un ladrón con 10 celulares robados. Al MP entró una denuncia por cada uno de esos aparatos. Visto así da la impresión de que se solucionó uno de diez casos, pero visto con microscopio se podría determinar que se solucionaron los diez.
“El MP recibe 370 mil casos en promedio, de esos un 30 a 40 por ciento son hechos no delictivos, o en los que no se puede proceder” explica Rodríguez, “luego tenemos los casos en los que sí son hechos delictivos pero cuya pena es menor a cinco años, en esos podemos aplicar criterio de oportunidad o suspensión condicional de la persecución penal. Luego quedan los delitos graves, que están entre 20 mil a 30 mil anuales más o menos. Y están también las amenazas y otras cosas que son casi vecinales que enviamos a salidas externas. En términos generales tenemos que hacer una depuración bastante grande”.
De acuerdo con Ibarra los puntos débiles del MP están en los delitos conocidos como “bagatela”, que son los que se solucionan con menos frecuencia. “Sabemos que la Fiscal General está dando resultados porque tiene una muy buena coordinación con el Ministerio de Gobernación en el combate de los casos de alto impacto político, sin embargo el MP sigue siendo deficiente en la atención de los casos de alto impacto social. Tienen éxito en casos de corrupción que involucran a funcionarios de años pasados, algunos que llevan en conjunto con la CICIG y otros que se derivan del conflicto armado, el MP ha tenido una muy buena actuación en esos escenarios. Pero sigue teniendo una deuda con el segmento de población más alto que es el que sufre a diario los delitos llamados bagatela, que son bagatela para el sistema de justicia pero no para la gente”, dice Ibarra.
En resumen, si se toman como “no impunes” los delitos desestimados, entonces la impunidad en el Ministerio Público es del 59 por ciento, pero si se catalogan como impunes las denuncias desestimadas y archivadas entonces el terrible dato estadístico es prácticamente real: en Guatemala hay un 93 por ciento de impunidad.
Los 500 mil casos del OJ
En Guatemala trabajan 914 jueces en todos los ramos; en promedio el Organismo Judicial recibe en un año poco más de medio millón de casos –en todos los ramos-, a simple vista parecería que cada juez debe sentenciar más de 500 casos al año, es decir más de uno diario, contando sábados y domingos. Eso, claro está, es imposible. Por eso las sentencias nunca serán la mayoría, pero que un caso no llegue a sentencia no quiere decir necesariamente que no esté solucionado.
“Las vías conciliatorias siempre son mejores, ahorran dinero, ahorran conflicto social y en realidad el gran porcentaje de delitos que se cometen son los llamados de bagatela, que no incrementan la peligrosidad social de la gente. En países como Guatemala donde el sistema penitenciario no rehabilita, no tiene ningún sentido enviar a una persona que robó un celular diez años a la cárcel para que salga asesino o violador” explica Mario Mancilla, profesor de la Universidad Mariano Gálvez.
El año pasado el OJ dictó 47 mil 726 sentencias en todos los ramos, un 9 por ciento del total de casos. Un 45 por ciento encontró salida por otras vías como la conciliación, la suspensión condicional o el criterio de oportunidad. El resto, un 46 por ciento, sigue sin resolverse. El ramo penal es el que más trabajo le da al OJ, que el año pasado tuvo 338 mil 553 casos. Le sigue el de familia, a donde llegaron 70 mil 248 casos.
La efectividad varía significativamente de un ramo a otro. Mientras en el penal un 37 por ciento sigue sin concluir, en el de familia fue un 78 por ciento y en el civil un 79. Asimismo, algunos tribunales son más efectivos que otros. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) determinó –en un estudio presentado en 2008- que los Juzgados de Primera Instancia tenían una tasa de resolución del 83.7 por ciento en ese entonces, y los de sentencia de 66.8 por ciento.
Ramo Penal
El año pasado ingresaron en el ramo penal 338 mil 553 casos. El 36 por ciento fue desestimado. De acuerdo con Mancilla, un juez puede desestimar un caso por varias razones: “Uno es irresponsabilidad del fiscal, que no preparó bien el caso. Segundo, no había caso, no consiguieron prueba, era imposible conseguir información sobre el caso. Y la tercera, no era delito. Hay una práctica nociva en el MP y es que un fiscal investiga el caso, pero llegado el punto de la audiencia se lo dan a otro que no está al tanto y a veces se lo dan minutos antes de la audiencia. Cómo va a saber defender un caso que no ha estudiado” comenta.
De acuerdo con Ibarra “la fiscal ha impulsado un nuevo modelo de gestión que quizá por ser muy incipiente no está funcionando. Ha dividido todo el proceso de persecución penal, de investigación criminal, de acusación, de enjuiciamiento de una manera tan amplia que en realidad lo que tenemos ahora es un proceso de persecución penal fragmentado donde no hay la suficiente coordinación entre los fiscales. El fiscal que llega al juicio no es el mismo que investigó o que trabajó la escena del crimen y así no puede sostener el caso”. En Guatemala trabajan 1mil 762 fiscales, entre jefes y auxiliares, distribuidos en 23 fiscalías distritales y 33 municipales. En total hay fiscalías en 56 de los 336 municipios, una en cada cabecera departamental y las demás distribuidas estratégicamente.
El año pasado en el OJ un 4 por ciento fue sobreseído. Se logró conciliación en un 10 por ciento y se alcanzó sentencia en el 7 por ciento en casos penales.
Si tomamos en cuenta como “no impunes” los casos desestimados, los sobreseídos y los clausurados provisionalmente, entonces se concluye que hay un 36 por ciento de impunidad. Es decir que 36 de cada 100 casos no se resolvieron. Si por el contrario, catalogamos como impunes los sobreseídos, desestimados y clausurados, entonces el porcentaje cambia dramáticamente y el porcentaje de impunidad es de 72 por ciento.
Una misma cifra puede decir muchas cosas. Somos un 99 por ciento impunes, dicen, pero para tenerlo claro hace falta ver esos números en todos sus aspectos. Quizá no estamos tan mal como pensaba Castresana.
Mapa interactivo con datos de denuncias recibidas y gestionadas en cada departamento
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