"El caso de Pavón y otros similares demuestran cómo perdimos el camino"

Ampliar imágen Foto:  Moisés Castillo > elPeriódico

"Está por abrirse una unidad de análisis financiero conformada por 40 auditores”.

"Con los métodos que estamos empleando, hemos salvado más de 500 vidas”.

Se le critica poca agilidad para combatir la corrupción. ¿Cómo lo explica?

– Combatir la corrupción es una prioridad para el Ministerio Público, hasta el punto de que la fiscalía respectiva fue sometida a un exhaustivo proceso de reingeniería. En casos sensibles, como el de Gloria Torres, la litigación no fue ni suficiente ni adecuada, e intuimos que una red criminal operaba en la unidad. Por eso se cambió a su jefe y, prácticamente, a todo el personal. Como se necesitan conocimientos distintos a las de investigaciones contra delitos individuales, está por abrirse una unidad de análisis financiero conformada por 40 auditores.

Supongo que para buscar mayor agilidad...

– Precisamente. Hoy, en todo el Ministerio Público hay diez auditores. La cifra será cuatro veces superior.

¿Cuándo estarán trabajando?

– Este mes. No tendremos que depender de auditores de otras entidades.

¿Se actuará de oficio? Denuncias, ventiladas en medios de comunicación no parecieran caminar...

– El MP puede actuar de oficio siempre, salvo en delitos que requieran instancia de parte. La corrupción vulnera el interés público. Aunque es importante recordar que muchos funcionarios tienen antejuicio, y este trámite no se resuelve con la celeridad que  debería. 

¿Cuánto cambiará el panorama ahora que entró en vigencia la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito?

– Con esa ley dispondremos de mejores herramientas. Una sentencia emblemática, porque la pena fue terriblemente desproporcionada en relación con la gravedad de los hechos, fue la dictada en contra de Eduardo Meyer. Ahora, esas conductas se sancionan de una forma más severa.

¿Cómo fortalecer la relación con la Contraloría General de Cuentas?

– Nos reunimos con la señora contralora para afinar agendas y pedimos ciertos informes que consideramos prioritarios. Ella asumió estos casos como propios. La Contraloría también tiene recursos limitados, y por ello, decidimos identificar causas para trabajar de forma conjunta. 

¿A qué casos se refiere?

– Prefiero compartirlos cuando estén procesados. 

¿Ha sido efectiva la Ley de Extinción de Dominio?

– Hemos extinguido más de Q150 millones. Ahora, en una segunda fase, extinguiremos propiedades. Quizá la mayor virtud de esta ley es que le quita recursos a la criminalidad, y estos se usan para después combatirla. 

¿Cómo emplea el MP lo que recibe?

– Los destinos son específicos: las fiscalías de Trata, de Lavado de Dinero, de Crimen Organizado y de Extinción de Dominio. La mayor inversión se hará en esta última, para fortalecerla. 

¿Cómo preparan a quienes trabajan en esta fiscalía? 

– Hemos recibido apoyo de Estados Unidos, en particular de la NAS (Sección de Asuntos Narcóticos, en inglés). Tenemos buena relación con los fiscales de extinción de dominio en Colombia. Aprendemos de sus aciertos y de sus errores. Nos dieron dos consejos: uno, que el dinero se destinara a entidades públicas y, afortunadamente, así quedó en el reglamento. El otro, que administráramos lo menos posible, porque somos juristas, no gerentes. Esta carga adicional, en su país, causó que algunos bienes regresaran a los perpetradores. 

De un tema a otro: expertos aseguran que no hay una fiscalía capaz de resolver los 900 a mil asesinatos cometidos todos los años en la ciudad, ¿a qué podemos aspirar?

– Por fortuna, el trabajo en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en conjunto con los investigadores del DEIC (División Especializada en Investigación Criminal), ha sido de los más eficientes. El desafío es realmente inmenso, pero se ha avanzado. Antes ingresaban más de 3 mil casos anuales. Una de nuestras primeras acciones fue establecer un convenio con el Ministerio de Salud para no atender muertes naturales. Hoy, la cifra de lo que debemos investigar disminuyó. Ronda los 800 casos.

¿El descenso está relacionado con una reducción en la cifra de homicidios?

– Han bajado las muertes violentas, que es a lo que todos aspiramos. El trabajo que se hace en la Fiscalía de Delitos contra la Vida no solo mejoró porque tenemos mejores investigadores y fiscales, sino porque contamos con más prueba científica. Es especialmente importante la de correlación balística, Ibis, que entró a funcionar en diciembre de 2010 y que nos ha permitido ubicar armas presentes en hasta 40 escenas del crimen. Las pruebas de ADN y las escuchas telefónicas resultan también cruciales. 

¿Cuánto se ha avanzado en el combate a pandillas?

– En 2012 intentamos contestarnos varias preguntas: ¿dónde se mata más?, ¿quiénes son los perpetradores y a qué estructuras pertenecen?, ¿desde dónde lo hacen? Las respuestas nos llevaron a barrios como El Limón y Canalitos. Identificamos como responsables a las maras Salvatrucha y la 18, y determinamos que delinquían también desde la cárcel. La prioridad fue entonces desarticular clicas y capturamos más de cien personas integrantes de la 18, y 50 de la Salvatrucha, responsables de más de medio centenar de asesinatos. Antes se abría una investigación por cada asesinato, ahora vamos por redes.

Mucha energía se dedica a la persecución. ¿Qué hay de la prevención? 

– Esto le corresponde al Ministerio de Gobernación, pero con los métodos que estamos empleando se han salvado más de 500 vidas. Hablamos de casos de secuestro, por ejemplo. O cuando por medio de las escuchas, oímos cuando se envía una orden para matar, y actuamos antes de que lleguen los sicarios. 

Cuando tomó posesión, aseguró que el “sistema mantiene una deuda con los derechos de las víctimas”. ¿Qué se ha hecho para cambiar esta realidad?

– Varias cosas. Instauramos un sistema de verificación para determinar qué tipo de atención se recibía. Las más de seis mil llamadas nos llevaron a efectuar 75 supervisiones, para determinar en qué momento fallamos. Se da prioridad a niños y mujeres que sufren de violencia sexual o intrafamiliar. Son más de 30 mil casos y es preciso que quienes los asistan tengan capacitación. Para ello disponemos de módulos de atención integral y trabajamos con el Organismo Judicial.

Hay quienes afirman que usted está sesgada por vinculaciones a movimientos insurgentes y, por tanto, se presta más atención de la debida a perseguir crímenes del conflicto armado interno. ¿Qué responde a ello?

– Nuestro plan estratégico deja claro que la prioridad es esclarecer delitos contra de la vida, hayan ocurrido hoy o durante la guerra. Si las estructuras actuaron desde el Estado –sea ahora o entonces– es importante enviar el mensaje de que nadie está por encima de la ley. Funcionarios como fiscales, policías, militares o jueces están más que obligados a actuar conforme a Derecho. No hay que olvidar, tampoco, que hay interés de la comunidad internacional en que las violaciones a los derechos humanos sean aclaradas: varias sentencias de la Corte Interamericana nos obligan a hacerlo. La defensa o los grupos afines a los perpetradores intentan ganar la batalla mediática porque no pueden hacerlo en tribunales. 

Pero los ataques son personales. La llaman exguerrillera. ¿Le afecta?

– Lo más importante es entender por qué hacen estos señalamientos, que no corresponden con la realidad. Yo nunca milité en ningún partido político. He sido defensora de derechos humanos y profesora universitaria, y estoy aquí por méritos. Esto hay que verlo como lo que es: una estrategia más de la defensa, y no necesariamente de buena fe.

¿Cómo analiza el caso de Ricardo Méndez Ruiz que, de víctima en su momento ha pasado a ser el enemigo público número uno del MP?

– Él fue víctima de un delito y tiene todo el derecho a exigir justicia. También tiene derecho a su libertad de expresión. 

¿Cuál es su percepción del manejo de este tema por parte de los medios?

– Mientras exista espacio para que las ideas se expresen hay mayor posibilidad de que se conozca el conflicto. Es muy positivo que se recojan todas las opiniones, siempre y cuando sean respetuosas, y no afecten otros derechos. 

¿Cuál sería, idealmente, la justicia transicional?

– Es una obligación del Estado, y abarca tres derechos: a la verdad, a la justicia y a la reparación. Asimismo, una garantía: la de no repetición. Esta última puede hacerse efectiva gracias al trabajo coordinado que hacemos con el Ministerio de Gobernación y la CICIG. Como el efectuado en Comisiones de Postulación, para que a los puestos lleguen las personas idóneas; y que se procese a funcionarios vinculados con estructuras criminales.

Hablando de CICIG, esta ha dicho que, con los mismos argumentos, Javier Figueroa, Erwin Sperisen y Carlos Vielmann han sido procesados, pero en Guatemala se dejó libre a Alejandro Giammattei. ¿Qué pasó en ese caso?

– No compartimos las decisiones emitidas ni por la Cámara de Amparos ni por la Corte de Constitucionalidad. Hay suficiente mérito para procesarlo. En Guatemala se abrió juicio contra miembros de esa estructura, como Víctor Soto. Estamos obligados a respetar lo dictaminado, pero se cometieron ejecuciones extrajudiciales y los imputados, según nuestra investigación, fueron responsables de los hechos.

¿De qué le sirve al MP la actual CICIG?

– En tres aspectos. El primero, trabajar juntos en casos emblemáticos, como en la reciente detención de 19 personas vinculadas con el contrabando de combustible. Dos de ellos eran empleados de la SAT, y otros 14, policías. Otra área de colaboración es el traslado de capacidades. Y el tercero, el acompañamiento y vigilancia de procesos como la elección de Procurador de Derechos Humanos o similares. 

Se critica que los fiscales llegan mal preparados a los juicios y que lean, minutos antes, las generales del proceso, porque quien lleva a cabo la investigación no es el mismo que conduce el debate.

– Tenemos que evitar que esto ocurra. Pero hay una razón detrás: el nuevo modelo de gestión así lo prevé y es preciso afinar el mecanismo. Lo establecimos de esta manera porque los fiscales solían trasladarse de un juzgado a otro, sin tiempo para investigar. Por ello se separaron funciones: quienes litigan están en tribunales. En Quetzaltenango el modelo ha funcionado muy bien. Es preciso que eso pase en todas las instancias. 

¿Cuánta presencia del MP hay en el territorio nacional?

– No suficiente. Es necesario fortalecerla y hacia ese esfuerzo se destinará parte de la ampliación presupuestaria. En el interior, las investigaciones son débiles y no se procesa bien la escena del crimen. También se promoverá el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas, creando políticas específicas y fortaleciendo fiscalías. Y se ampliarán los módulos de atención integral a Chimaltenango, Mixco y Chiquimula, donde se registran altos índices de violencia en contra de la mujer. 

¿Cómo ha enfrentado las presiones de personas que, desde el Gobierno, han manifestado que desean su puesto?

– Creo que es importante respetar los periodos constitucionales. 

¿Se quedaría otro período en el MP?

– Me tengo que enfocar en terminar bien este. 

Hay quienes aseguran que no puede concentrarse de forma adecuada en el trabajo por la enfermedad de su hijo. ¿Qué contesta?

– Cualquier madre  que  enfrenta una enfermedad como la que tiene Joaquín, aun en tratamiento, sabe lo duro que es. Representó un desafío. Pero al finalizar 2012, comprobé que tenemos un equipo excelente, que sacó adelante el trabajo. 

Si tuviera que reducir a un dato su mayor satisfacción, ¿cuál sería?

– En este país llegó a pensarse que la única manera de combatir el crimen era cometiendo más delitos. Eso no funciona. Los casos de Pavón o las estructuras de Blanco Lapola demuestran cómo perdimos el camino. El trabajo efectuado en Delitos contra la Vida, que con operativos limpios enmarcados en el respeto a los derechos humanos, combate estructuras de secuestradores, extorsionistas y narcotraficantes es algo muy importante que estamos construyendo para el país.

¿Y la mayor frustración?

– Ciertas decisiones judiciales como en el caso de Carlos de León. Acciones como esa frustran mucho.

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