Cateo de automotores

La Constitución establece que el registro o cateo de los automotores solo podrá efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad cuando se establezca causa justificada para ello. Claramente la Carta Magna asegura la inviolabilidad de los vehículos, que son una extensión del domicilio o vivienda de la persona. Asimismo, garantiza la inviolabilidad de la vivienda, previniendo que nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo del allanamiento. Las fuerzas de seguridad no pueden penetrar en la vivienda de una persona sin que exista motivo o sospecha acreditada.

 

Entonces, siendo el automotor una extensión de la vivienda, no puede registrarse o catearse sin que un juez competente haya comprobado que hay causa justificada (infracción de ley o sospecha acreditada) para el efecto, es decir sospecha o motivo previamente establecido. De esa cuenta, un ve-hículo solo puede ser registrado o cateado si media causa justificada, previamente determinada por una autoridad judicial competente, o si lo autoriza el propietario del mismo. De lo contrario, el registro será inconstitucional.

 

En países como Costa Rica y EE. UU. se reconoce la inviolabilidad de los automotores e, incluso, en EE. UU. se ha sentado el precedente de que las pruebas encontradas en vehículos registrados o cateados sin que haya mediado orden judicial o autorización de sus propietarios, no hacen fe en juicio.

 

En Guatemala se mantiene la práctica de los registros aleatorios (al azar) de automotores, con motivo de los cuales la Policía hasta se da el lujo de colocar “cuerpos del delito” en los vehículos para incriminar a los conductores de los mismos. Los guatemaltecos siempre hemos sido víctimas del abuso de autoridad, tanto así que nuestra conducta muchas veces hasta podría ser tildada de masoquista. No tenemos cultura de defender y proteger nuestros derechos, sino de permitir que se nos veje, atropelle y maltrate.

 

Por otro lado, el registro o cateo de un automotor, sin causa justificada, también viola el derecho constitucional de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En todo caso, el registro o cateo arbitrario de los vehículos hace presumir la culpabilidad del individuo y no su inocencia. 

 

En conclusión, el registro o cateo arbitrario de automotores se asimila al allanamiento arbitrario de morada, al espionaje telefónico y a la violación de nuestra correspondencia. ¡No lo permitamos!



Editorial


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