Rechazan emisión de bonos

El Partido Patriota considera que la iniciativa de ley podría pasar de urgencia nacional. La Junta Monetaria conocería hoy la propuesta. 

Los directivos de las cámaras de Industria de Guatemala (CIG), del Agro (Camagro) y de Comercio de Guatemala (CCG), en conferencia conjunta, rechazaron el incremento al nivel de endeudamiento con la emisión de Q3.5 millardos en Bonos del Tesoro, para cubrir el pago pendiente con los contratistas del Estado. 

 

Los empresarios solicitaron al Gobierno que se busquen otras formas para cubrir los compromisos que se tienen pendientes; mientras se hace esta petición, en el Congreso no se descarta que se pasen de urgencia nacional. 

 

El subjefe de bloque del Partido Patriota, Aleksander Castillo, asegura que se iniciará el cabildeo con otras bancadas; sin embargo, subraya que el procedimiento es esperar la opinión de la Junta Monetaria (JM), para que después pase a la Comisión de Finanzas del Congreso, presidida por el oficialista Gustavo Echeverría. 

 

Fuentes del Legislativo confirman que ya se preparan los acuerdos entre el  PP y las bancadas aliadas con las que se alcanzarían los 105 votos para la aprobación de urgencia nacional, ya que se necesita que esté antes de que concluya el periodo extraordinario (julio). La justificación dicen, es que se trata de un compromiso de Estado. 

 

Riesgo a la estabilidad


Los directivos de las cámaras, lejos de aprobar la pretensión del Legislativo, argumentan que los bonos  son un riesgo para la estabilidad macroeconómica, pues elevan el déficit fiscal y generan inflación, explicó Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, que desde 2005 se separó del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). 

 

Andrés Castillo, presidente de la CIG, agregó que “somos del criterio que debe pagarse, pero no con más deuda”, al proponer otros mecanismos para buscar recursos como los provenientes del combate al contrabando y la corrupción. 

 

El sector privado no está dividido, dijo Castillo, al referirse al respaldo que ofreció la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) a la aprobación de los bonos. “Toda la deuda legal hay que pagarla, el medio de pago es donde se difiere”.

 

“Los constructores tienen derecho de cobrar si se les debe”, explicó Ricardo Villanueva, presidente de la Camagro, pero reconoció que los números son claros y no se debe pagar deuda con más deuda.

 

Castillo aseguró que el pago debe cumplir con dar certeza jurídica y que sea dentro de un proceso transparente y público. Los empresarios demandan que la JM elabore un dictamen técnico, y que evalúe la capacidad de pago del país. 

 

La CGC respaldó el pago de los compromisos de arrastre que el Ejecutivo reconoce con la emisión de bonos. Se han perdido miles de empleos porque las empresas han quebrado, justificó José Luis Agüero, presidente de la CGC. 

 

La deuda ya existe y solo se está reconociendo en la contabilidad, “no afecta la economía del país”, dijo Agüero, al insistir en que se trata de deudas que deben ser honradas por el Estado. 

 

Se prevé que en la sesión de hoy, la JM emita la opinión para la iniciativa que enviará el Ministerio de Finanzas al Legislativo para emitir deuda por Q3.5 millardos.

 

Subiría el déficit fiscal


Briz criticó la falta de una solución integral al pago de la deuda adquirida con los contratistas. El Gobierno está creando un desastre económico inevitable con la emisión de bonos para cumplir con el pago, dijo. 

 

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señaló que la emisión de Q3.5 millardos en bonos equivale al 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica que el déficit fiscal cierre este año en niveles similares a los de la crisis financiera global. 

 

Para 2013, la estimación de déficit fiscal es de 2.4 por ciento; si se agrega el impacto de la deuda, se ubicaría por arriba del tres por ciento, dijo Barrientos. En 2009 y 2010, lo más agudo de la crisis, el déficit cerró en 3.1 y 3.3 por ciento, recordó el consultor.

 

La capacidad de pago se tiene, pero el problema es que usamos deuda para el pago de campañas políticas y para honrar compromisos asumidos en negociaciones privadas, agregó el economista. 

 

A criterio de Barrientos, antes de efectuar el pago se debe sancionar a los responsables de adquirir compromisos incumpliendo la legislación, de lo contrario “el pago es un premio a la impunidad”. 

 

Coincidió con los empresarios en que se tiene que tener la auditoría de los contratos y la inspección física de las obras, sin la participación del Ministerio de Comunicaciones, que resulta juez y parte en este caso, abogó por la  transparencia. ¿Cuál es la prisa?, dijo, al proponer que el proceso de honrar la deuda se concluya en dos o tres años, con la participación activa de la Contraloría General de Cuentas. 

 

Deuda sostenible


Los indicadores de la sostenibilidad de la deuda avanza a niveles críticos. Hasta 2012, el saldo de la deuda alcanzó 25 por ciento con respecto al PIB; según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el nivel crítico es del 40 por ciento. El saldo de la deuda, comparado con los ingresos totales, es del 203 por ciento y el nivel crítico es del 250 por ciento; mientras que el servicio de la deuda con respecto a los ingresos supera el 20 por ciento, y el nivel crítico es de entre el 25 y el 30 por ciento. A Guatemala, en ocasiones anteriores, se le ha recomendado mantener la deuda moderada para evitar riesgos macroeconómicos.

 

 

 



L. Álvarez/E. García elPeriódico


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